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De la crisis a la quiebra

JOAQUIM COLL

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Decía con agudo escepticismo el fallecido politólogo Juan Linz que no se puede esperar de la política lo que no puede dar. Conocedor de los entresijos del cambio democrático en España, los que le trataron en privado han explicado estos días que no ocultaba su profunda decepción por la forma en que se está deteriorando todo lo que parecía estable. Mucho antes de que la recesión lo complicase aún más, la política española ya se había transformado en una ciénaga que ha arrastrado a las instituciones a su actual crisis. Culpas hay en todas direcciones, pero los vientos que sembró la segunda legislatura de José María Aznar se transformaron en potentes tempestades. La falta de sentido de Estado alcanza ya extremos muy desconcertantes. Lo sucedido esta semana con Alicia Sánchez-Camacho es antológico. La dura descalificación de la propuesta de financiación singular para Catalunya por parte de María Dolores de Cospedal solo se explica porque actuaba más como presidenta de Castilla-La Mancha que como secretaria general del PP. Los paños calientes de Cristóbal Montoro, tal vez las únicas palabras sensatas que ha dicho el ministro esta semana, apenas arreglan el enorme estropicio. El documento de rectificación de ayer deja claro que Camacho fue a Madrid sin haber acordado nada, aunque su propuesta era de sobras conocida por la cúpula del PP y el Gobierno.

Pero el error es seguramente de base y nos lleva a una reflexión más de fondo. Levantar hoy la bandera de una financiación diferenciada para Catalunya no va a ninguna parte. Más por la música que por la letra en sí. Casi por las mismas razones, Madrid, Valencia o Baleares se ven con derecho a exigir lo mismo o a reclamar una solución que atienda igualmente a todos. Esa voz única para toda España que antes exhibía el PP se ha quebrado. Los agravios territoriales se han extendido y todo el mundo se siente maltratado. Y Mariano Rajoy tampoco infunde respeto. Que el presidente de los madrileños, Ignacio González, amenace también con una consulta sobre el sistema de financiación ya lo dice todo. Si juntamos la afrenta de los nuevos Presupuestos y la pifia de este lunes en la sede del PP, la conclusión es que el presidente no tiene nada que proponer a Artur Mas.

En esta legislatura no habrá consulta, pero tampoco reforma constitucional, como proponen sensatamente muchas voces. Ni nada indica que Rajoy vaya a atreverse a diseñar una oferta que pueda enervar a sus barones, para gran desolación de los populares catalanes. Va a ser una legislatura perdida, socialmente demoledora y políticamente de bloqueo. Ante este panorama, el desaparecido Linz seguramente nos advertiría del riesgo que la crisis de las instituciones pudiera dar paso en algún momento a su quiebra.