Crecer sin gente

Andamos a vueltas con las políticas laborales. Y entre los episodios más chuscos, cae casi siempre el de las empleadas que se quedan embarazadas. Es un conflicto presente en la sociedad y no merece reducirse a cuatro titulares chocantes y declaraciones salidas de tono. En una economía deprimida, donde muchas pequeñas empresas se sostienen a duras penas, la protección laboral es algo que asume el empleador sin la solidaridad de nadie. El empresario sobrevive entre organismos de representación rancios y torpes y el desprecio social de quienes manejan conceptos de clase ya marchitos. Conviene prestar atención a sus problemas, porque de ellos dependemos para la salida de la crisis. La mujer que se queda embarazada es percibida en el mercado laboral como un problema. En lugar de eso, tendríamos que empezar a mirarla como una solución. No hace falta recordar que las previsiones de natalidad en España son muy pesimistas y se calcula que el envejecimiento de la población será uno de los graves problemas de nuestro futuro cercano, así que no estaría de más que el Estado le pusiera las cosas más sencillas a la mujer que decide tener un hijo y a quien la tiene empleada.

El crecimiento se ha convertido en el mantra económico más generalizado. El Gobierno, siempre urgido por necesidades imperiosas y carente de una mirada a largo plazo, no repara en las inversiones de futuro, sino que querría resucitar el modelo económico que nos ha llevado a la crisis. Al mismo tiempo, la política de natalidad es nula, después de años de escarnio hacia las políticas de igualdad y hacia cualquier ayuda económica para los recién nacidos. Y tampoco parece que la protección de la mujer tenga demasiada buena prensa, pese a que los datos son esclarecedores: sus condiciones laborales son mucho peores que las de los hombres. Pero todavía hay otra pieza del edificio que se tambalea aún más: la política migratoria. España no solo ha vendido como una suerte la vuelta a sus países de muchos inmigrantes por culpa de la crisis, sino que persiste en unas condiciones de entrada para emigrantes absolutamente irracionales que sobrepasan los límites que marca el respeto a los derechos humanos.

España no crece ni puede crecer sin aumentar su población. Y sobre todo hacerlo por el lado joven de la curva de edad. Para ello necesita nacimientos y llegada de inmigrantes. Los datos del paro, que son escalofriantes, tienen una contrapartida aún más negra: si los cotizantes se reducen, se pone en peligro el mantenimiento del sistema de pensiones y de salud universal. Hasta el día de hoy no se ha inventado ningún país que sea capaz de crecer económicamente sin crecer en población. He ahí una oportunidad para resolver en una misma jugada dos problemas de marginación: el de la mujer y el del inmigrante. Y, sin embargo, como ninguna de esas iniciativas es popular en la calle, nadie se atreve a emprenderlas. Para ello habría que hacer demasiada pedagogía y en la taberna española eso es imposible. Allí tienen mucho más eco los rebuznos y las declaraciones fuera de tono, que muchos reciben como si por fin alguien se atreviera a decir lo que los demás callan. Pues precisamente alguien se debería atrever a decir que si España envejece no podremos mejorar ningún otro baremo económico que nos llevemos a los ojos.