El coste de la universidad pública

El debate social sobre la gobernanza y la financiación de las universidades públicas catalanas es oportuno porque de la eficacia de la investigación y desarrollo (I+D) de las universidades depende el desarrollo económico del país y la calidad de la docencia y la formación de las generaciones futuras.

Comparar la producción científica de las universidades es difícil. El informe SIR World Report 2010, uno de los de mayor divulgación sobre la producción científica, analiza el impacto de cada universidad de acuerdo con un índice normalizado. Con este indicador, las universidades públicas catalanas tienen un valor medio de 1,34 por solo el 0,87 las privadas, destacando la Universitat de Barcelona y la Pompeu Fabra con valores de 1,41 y 1,56, respectivamente, que se comparan con el 1,10 del resto de España, el 1,42 de Europa occidental y el 1,75 de Estados Unidos. Es decir, en producción científica o I+D en sentido amplio las universidades públicas catalanas están, según este informe, ligeramente por debajo de Europa occidental, un 30% por debajo de EEUU y un 18% por encima de España.

El 60% de la I+D se realiza en la universidad, pero el interés de la I+D privada de las empresas por la universidad es bajo, como constata una encuesta de la Fundación Conocimiento y Desarrollo en la que el porcentaje de empresas que en el 2010 manifestaron que la universidad no dispone de una organización adecuada para actuar como motor de desarrollo económico es del 55%.

Entre las mejores 200 universidades del mundo -de acuerdo con los tres rankings internacionales más conocidos (Shanghái ARWU, Times TWUR y QS WUR)-, solo hay dos catalanas y ninguna del resto de España. Nuestras universidades tienen un nivel de eficiencia y calidad bastante homogéneo. No tenemos ninguna universidad entre las excelentes, con excepción de especialidades como las ciencias de la salud y la biotecnología de la Universitat de Barcelona, una de las líderes en Europa.

En el ámbito de la docencia, solo el 55% de los estudiantes que inician la carrera la terminan y solo el 35% lo hacen en el número de años académicamente estipulados. El fracaso escolar no es solamente atribuible a la universidad pública, pero la escasa relación de éxito académico, becas y tarifas es un factor relevante.

El gasto por alumno en Catalunya es de 12.700 dólares. Corregida por la paridad de poder de compra de cada país, nos encontramos, según la OCDE, por encima de Francia (12.200 dólares), por debajo de Alemania (14.000) y el Reino Unido (15.500) y distanciados de EEUU (25.100), donde se sitúan la mayoría de las mejores universidades. Pese a esta situación, la financiación pública -el 80% del total, de unos 1.000 millones de euros al año- se ha incrementado para las universidades públicas catalanas más de un 45% entre el 2005 y el 2010.

El número de alumnos por profesor es en Catalunya de 11, de los más bajos de la UE, donde varía entre 12 y 20. El número de alumnos se ha reducido en las universidades públicas catalanas un 5% entre el 2005 y el 2010, y el de profesores ha aumentado un 8%. Es una paradoja. Y tenemos un exceso de titulaciones (350 grados y 420 másteres), que podrían integrarse parcialmente reduciendo el gasto, mejorando la calidad y sin un efecto significativo sobre la amplitud de la oferta.

Esta es parte de la realidad universitaria, compleja y ambigua como toda realidad, con campo para la mejora a partir de una situación comparable a la de Europa occidental y mejor que la española.

Los recursos económicos y humanos de que dispone la universidad no cambiarán a corto plazo. Los primeros, por la crisis que impide incrementar la financiación; y los segundos, por la estructura mayoritariamente funcionarial del personal. Por tanto, la mejora del rendimiento del sistema no se puede acometer más que mejorando la eficiencia de la gestión.

Hay dos posibilidades. Una sería modificando el sistema de gobernanza a través de un cambio legislativo que diera más fuerza a los órganos ejecutivos de la universidad, definiera con detalle los diferentes niveles de responsabilidad y clarificase la rendición de cuentas. La otra sería condicionando la financiación de las universidades -ya lo es en parte en Catalunya- al logro de objetivos de calidad de docencia e I+D y eficacia de la gestión.

El primer camino tiene la dificultad de un cambio legislativo que debe ser estatal y autonómico y que en las presentes circunstancias no se puede esperar antes de las elecciones generales del 2012. El segundo requiere decisión y acuerdo con las universidades que verían moduladas sus disponibilidades económicas según su rendimiento. Si consideramos urgente la mejora del sistema universitario y queremos liderar el cambio legislativo en España, el único camino posible es el segundo. Esto permitiría que las universidades públicas catalanas aumentasen la diferencia de calidad y eficacia respecto de las del resto del Estado, haciendo un mejor uso de los insuficientes recursos económicos de que se dispondrá en los próximos años. Es este el planteamiento estratégico anunciado por el Govern de la Generalitat.

Presidente del Consejo Social

de la Universitat de Barcelona.