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La modificación de la ley de costas

¿Costa 'fast-food' otra vez?

El fondo de lo que el Gobierno plantea con el nuevo anteproyecto lamina la idea de lo público

Jueves, 19 de julio del 2012 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
FRANCESC
MUÑOZ

En su libro sobre el pensamiento pasajero, Augustin Berque nos pone ante los ojos la curiosa paradoja del momento que vivimos, en el que se dan cita el mejor conocimiento y debate sobre el paisaje en contraste con la mayor destrucción del mismo. Como explica el autor, jamás se ha hablado tanto de paisaje y, en cambio, nunca tantos paisajes fueron tan asolados. Sin duda, y aunque en la obra no aparezca ninguna imagen de la costa, la imagen del litoral español confirma y no desmiente en absoluto lo dicho. Pues bien, el anteproyecto de la ley de costas recién presentado por el Gobierno, tampoco.

MIRTA ARIGORIA

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 19 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

LA MODIFICACIÓN de la norma existente desde 1988 establece una serie de medidas que, resumiendo mucho, tienen que ver, en primer lugar, con la prórroga de las concesiones para los inmuebles sitos en el dominio público marítimo-terrestre. Estas construcciones, que se derribarán en ya pocos años, en el 2018, al cumplirse los 30 años de concesión otorgados por la anterior ley, no solo podrán mantenerse hasta el 2093 en las playas, sino que podrán ser objeto de compra-venta. En segundo lugar, se excluyen hasta 10 núcleos de población del dominio público, lo cual quiere decir que estos tejidos residenciales podrán ser obviamente objeto del mercado inmobiliario en el futuro al no encontrarse ya sobre suelo público. En tercer lugar está el argumento esgrimido para defender la desafectación de aquellos terrenos en dominio público que estén degradados y que podrían dedicarse a actividades económicas al haber, cito textualmente el anteproyecto, perdido sus «características naturales».

En lo que se refiere a las 10.000 viviendas que quedarían fuera del dominio público, llama la atención que se califiquen estos asentamientos como «enclaves tradicionales», con un halo de carácter patrimonial que nos hace preguntarnos si dentro de otros 25 años las hileras de casas pareadas que también han depredado el territorio de primeras, segundas y terceras líneas de costa no serán también consideradas como hitos patrimoniales por quien nos gobierne. En cuanto a la recuperación de terrenos públicos costeros degradados para su aprovechamiento económico privado, el nivel de arbitrariedad del planteamiento es obvio y abre de par en par la puerta a operaciones de privatización de espacios litorales previa degradación consentida o directamente animada según los casos. El resto de las justificación tampoco es desdeñable: se alude así a la mala imagen de España en Europa a partir del descontento de propietarios extranjeros que adquirieron viviendas en situación de dominio público sin ser suficientemente advertidos. Una razón que, después del culebrón de nuestro rescate bancario europeo, parece poco presentable.

La mejora de la imagen de España que el anteproyecto pueda introducir de llegar a ser aprobado, me parece comparable a un grano de arena en la playa. Se esgrime también que la nueva situación aportará seguridad jurídica a las familias implicadas en la propiedad de unos inmuebles en estado de espera a partir de un proceso de deslinde demasiado lento, no finiquitado aún en un cuarto de siglo. Cabría añadir, en ese sentido, que la figura del deslinde, el trámite necesario para delimitar la parte pública de la privada en los sectores del litoral, pese a lo costoso y difícil de su recorrido, se encuentra hoy por encima de su 90%. Resulta finalmente llamativo que no preocupe al parecer tanto ni de la misma manera la seguridad jurídica de tantos otros propietarios de viviendas a los cuales, por cierto, tampoco se les informó adecuadamente ni en su momento de las condiciones al suscribir una hipoteca o recibieron, aún peor, un trato preferencial por parte de las no pocas entidades bancarias que están hoy en el candelero informativo día sí y día también.

EN CONCLUSIÓN, lo que el Gobierno plantea con el nuevo anteproyecto nos hace pensar en una clara voluntad de laminar la idea de lo público. Ello, en un espacio frágil y al mismo tiempo estratégico como es la costa, no deja de sorprender en la misma medida que decepciona. El espacio litoral es estratégico no solo para la preservación y el derecho a un buen paisaje al que las generaciones futuras también deberían tener derecho, sino pensando incluso en los propios intereses de una economía del turismo que, por fín, pensábamos que empezaba ya a apostar de forma definitiva por la calidad y el entendimiento del paisaje sin urbanizar como la mejor baza sobre la cual construir ofertas más durables pero también más provechosas.

Es cierto que el anteproyecto incluye también la ya famosa claúsula antiAlgarrobicos. Lástima que ese anuncio haya coincidido con tan solo 24 horas de diferencia con otro que nos inquieta y que, sin tener nada que ver con la costa, sí refleja una misma idea y voluntad sobre el territorio: hace dos días asistíamos por televisión, entre estupefactos e incrédulos, a la colocación de un avión plateado por dos inmensas grúas sobre un no menos gigante busto, justo ahí, en la cabeza. Y ¿para que? Para deslindar la puerta de entrada a un aeropuerto. Director del Observatori de la

Urbanització (UAB)

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