La cortina de humo de la jubilación

El Banco de España y sus máximos dirigentes del presente y del reciente pasado han conseguido acaparar titulares en los últimos días. Primero, con la investigación judicial a su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su dudoso papel en la gestión de la salida a bolsa de Bankia y la crisis posterior del banco. Y después, con el silencio del actual número uno del organismo regulador, Luis María Linde, ante la crisis que se ha creado en el organismo, del que han dimitido tres altos cargos relacionados directamente con la actividad de control, tras su imputación en el mismo caso. 

La falta de reacción de Linde se convirtió en clamorosa cuando también evitó el tema en la comparecencia en el Congreso. Se limitó a expresar ante los medios de comunicación su confianza en el anterior equipo del Banco, antes de su intervención en la comisión parlamentaria para hablar del sistema de pensiones. Y allí la lió con lo que algunos consideran una cortina de humo: un discurso a favor de alargar en la medida posible la edad de jubilación como una fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema, unida a la promoción de planes privados de pensión. Días después matizó el discurso, pero aquella jornada ya consiguió centrar la atención en un debate que queda lejos de las competencias del organismo supervisor .Aquella misma tarde, Linde recomendó a los periodistas que se leyeran el artículo que publicó en El País el pasado 10 de febrero con sus consideraciones sobre el papel que jugó el Banco de España en la crisis.

En aquel texto, el gobernador afirma que no tiene «ninguna razón» para pensar que el supervisor «no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento» durante toda la crisis bancaria y los problemas de las cajas de ahorros. También reconocía que la entidad quizás erró en algunas decisiones, «bien por insuficiencias propias, bien por restricciones políticas e institucionales», o «por deficiencias de información» (lo que no deja de ser curioso tratándose del organismo que debía tenerla toda). Y, acaba sentenciando: «Es obligado distinguir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche legal». 

Tres días después de publicar ese artículo, la Audiencia Nacional decidió abrir una investigación a Fernández Ordóñez y otros altos cargos del Banco de España por el caso Bankia tras constatar acertado que hay indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados». Aquí también hubo, al parecer, deficiencias de información.