Corruptores y corruptos

La sociedad española debería hacer una reflexión sobre la elevada tolerancia a la corrupción. A menudo se habla de la vinculada a los partidos políticos, sin poner el énfasis en el otro lado de esa estrecha relación que permite que se materialice el delito. Quién pervierte a quién, quién pone en contacto los deseos inconfesables de las partes, qué responsabilidad tiene cada una de esas partes, de quién se espera mayor lealtad hacia la sociedad y respeto al bien público y, finalmente, qué grado de responsabilidad tiene el ciudadano cuando normaliza, banaliza y sigue votando a los que lo cometieron o lo toleraron.

Dentro de la reflexión sobre la cadena corrupta, deberían ocupar un lugar importante las empresas en sus diferentes papeles de víctimas, instigadoras o cómplices de la corrupción. Grandes empresas del Ibex 35 como Ferrovial, FCC, Acciona, ACS, Sacyr y OHL se han visto salpicadas en tramas que abarcan desde el caso Palau, hasta la operación Lezo, pasando por la Púnica, el caso 3%, el escándalo con la plataforma del Castor o Acuamed. No se han producido explicaciones, destituciones fulminantes ni investigaciones internas conocidas.

El ejemplo más cercano es el de la constructora OHL. En su junta general de accionistas la semana pasada su primer ejecutivo, Juan Miguel Villar Mir Fuentes, no hizo una sola alusión ante accionistas e inversores a la dimisión “voluntaria” de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir padre y presuntamente implicado en el caso Lezo y condenado por las tarjetas black de Caja Madridtarjetas black.

En cualquier otro país con un mínimo de tradición de buen gobierno empresarial, sería inconcebible que una gran empresa cotizada se vea envuelta en investigaciones por corrupción sin que pase factura a la cúpula. La diferencia entre España y Reino Unido no es que allí haya más o menos corruptos. Es que cuando hay sospechas, los británicos fuerzan la dimisión inmediatamente para evitar el deterioro del gobierno, partido o empresa ya que hay un consenso que no es objeto de discusión de que alguien manchado por la sombra del delito debe irse. Mientras, en España la práctica sistemática consiste en negarlo todo y continuar en la silla.

Los vínculos de las constructoras españolas con los partidos políticos contribuyeron a la burbuja del ladrillo, elevaron el coste de las obras públicas que se pagaron con el dinero de los contribuyentes y empujaron a España un poco más hacia el abismo con su complicidad en la proyección de infraestructuras inútiles. Que a nadie se le olvide cuando salgan a la luz los casos de corrupción que tanta culpa tiene el que la instiga como el que se presta.