El Periódico

Iniciativa norirlandesa

Andreu Pujol Mas

Historiador

Convivencia en la escuela

Por suerte, las divisiones en la sociedad de Irlanda del Norte no se dan en la sociedad catalana

Convivencia en la escuela

Matt Dunham

David Cameron y Barack Obama, en una escuela de primaria de Enniskillen, en Irlanda del Norte, en el 2013.  

Martes, 10 de enero del 2017 - 17:19 CET

La semana pasada el diario israelí Haaretz se hacía eco de los cambios que se están produciendo en materia de enseñanza en Irlanda del Norte. Concretamente, hablaba del plan llamado Educación Compartida, impulsado por el ministro de Educación norirlandés, John O’Dowd, miembro del Sinn Féin. Esta iniciativa tiene la voluntad de romper las barreras entre las dos comunidades que viven en ese territorio, la católica y la protestante, tradicionalmente enfrentadas en una lucha sangrienta que acumuló cientos de muertos durante el siglo XX. Para fomentar la convivencia entre estudiantes, se ha establecido la creación de campus donde se mezclan los alumnos de las diversas escuelas y se han creado espacios de encuentro entre profesores para que intercambien impresiones y se formen conjuntamente.

Han surgido algunas voces críticas, dentro de Irlanda del Norte mismo, que consideran este plan insuficiente y creen que se debería avanzar directamente hacia una educación integrada donde los alumnos protestantes y los alumnos católicos compartieran aulas todo el curso. Sin embargo, Haaretz se fijaba en este primer paso y se preguntaba si sería posible aplicar en el Estado de Israel una política similar que ayudase a hacer relacionar a los niños judíos y los niños árabes.

Hablamos de dos sociedades, la norirlandesa y la israelí, con unas heridas internas difíciles de cauterizar. Por suerte, este no es el caso de la sociedad catalana, donde los alumnos han sido escolarizados en un mismo sistema independientemente de cuestiones lingüísticas o de origen. Desgraciadamente, parece ser que el Estado español no está conforme con esta realidad y hace un par de semanas envió una notificación a la consellera de Ensenyament en la que se le ratificaba que la Generalitat tenía que pagar 6.000 euros a cada una de las 36 familias que no quieren que sus hijos sean escolarizados en catalán, y enviar así estos niños a una escuela privada. Y luego nos aleccionarán sobre la importancia de saber convivir.

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