Contrato con publicidad contra la corrupción

Uno de los principales problemas de la economía española que lastra su crecimiento e impide una libre competencia es el elevado grado de corrupción en la contratación pública. Sobornar a un funcionario para que acelere un trámite o filtre los datos de un concurso, o pagar a un político para amañar una adjudicación es muy fácil si se dispone de dinero y, además, el proceso es poco transparente. Cuanta más opacidad y menos información pública más fácil es hacer trampa, librarse de posibles competidores que actúan cumpliendo todos los requisitos legales y encarecer de esta manera las obras y los servicios públicos.

La corrupción sale doblemente cara para la mayoría de la población: las obras se acaban adjudicando a un precio superior del que se lograría con una competencia sin trucos; el coste de la obra se incrementa además con la comisión ilegal que paga la empresa corruptora, que a su vez la vuelve a cargar al erario público con sus facturas.

Dada la ilegalidad de estas prácticas, tanto el corruptor como el corrompido buscan las fórmulas para que cualquier información sobre estas operaciones sea de acceso público casi imposible. Siempre queda algún resquicio, pero suele ser por la delación de alguno de los implicados cuando se descubre una parte del pastel o se rompe de forma unilateral la cadena.

Con una agenda marcada diariamente por los casos de corrupción, el Gobierno en funciones aprobó, dentro del plan presupuestario para el 2017 que ha remitido a Bruselas, un conjunto de medidas «para garantizar la transparencia y la coordinación en la contratación pública». La propuesta más destacada es la «supresión del procedimiento negociado sin publicidad para los contratos por razón de cuantía». Que es lo mismo que decir que cuando entre en vigor este cambio legal, toda negociación de un contrato deberá tener su correspondiente anuncio. De pronto, ya verán, desaparecerán aquella multitud de contratos de servicios por valor de 99.999 euros (para no alcanzar los 100.000 que obligaban a dar publicidad a la negociación) o de 999.999, si son obras públicas. En muchos de los casos de corrupción que ahora copan los juzgados, aparecen cifras de este tipo o similares.

Este afán por la transparencia no ha sido por iniciativa propia del Gobierno. En el plan presupuestario se hace constar que el Consejo Europeo ha destacado que España es uno de los países europeos con una tasa más baja de publicación de contratos e insta a acabar con estas prácticas en la contratación pública. Bueno es que se haga caso también en estos temas a la misma Europa que impone la austeridad.