Contrarreforma y nacional- populismo

Hoy hace tres años que entró en vigor la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo, con la que España homologó su legislación a la de muchos otros países: la despenalización completa del aborto durante las 14 primeras semanas y, más allá, siempre que existan riesgos o anomalías fetales graves e incurables. Es otro de los avances en derechos que ha dejado la etapa del hoy tan denostadoRodríguez Zapatero. El PP se opuso ferozmente, y la Conferencia Episcopal, junto a las asociaciones de la derecha cristiana, emprendió su particular cruzada. Desde queRuiz Gallardónfue premiado como ministro de Justicia, pese a su nefasta gestión económica al frente del Ayuntamiento de Madrid, va lanzando anuncios sobre una posible contrarreforma de la ley. Ahora bien, el tema genera incomodidad entre los populares, seguramente porque hoy tienen muchas mujeres con mando en plaza, empezando por la plenipotenciaria vicepresidenta. Pero es difícil que el Gobierno deMariano Rajoyse acabe echando atrás porque la extrema derecha católica que cobija no se lo perdonaría.

Entretanto, la regresión sigue avanzando en otros frentes, menoscabando derechos ciudadanos, introduciendo nuevos formatos privatizadores de los servicios públicos, en sanidad y educación, y transformando las políticas sociales en mero asistencialismo. La reforma de la Administración local es otro ejemplo, pues niega a los ayuntamientos cualquier posible intervención en educación, sanidad y servicios sociales. De llevarse a cabo, pese al duro informe del Consejo de Estado advirtiendo de su posible inconstitucionalidad, podría liquidar la figura del trabajador social y provocar el cierre de servicios municipales como los de atención a los jóvenes o a las mujeres en dificultades.

Si las políticas del Gobierno español trazan un claro programa de contrarreforma ideológica, a menudo con la excusa de una racionalización de los costes públicos, el Govern deArtur Masestá entrando ya en el inquietante terreno del nacionalpopulismo. El Departament de Presidència que dirige elconseller depropagandaFrancesc Homsestá a punto de crear un registro de adhesiones ciudadanas a las políticas de la Generalitat. Se trata de una iniciativa técnicamente legal pero inaudita e inconcebible en democracia. Después de haber creado un registro para que las entidades se sumen patrióticamente al Pacte pel Dret a Decidir, ahora seremos llamados los ciudadanos individualmente. El objetivo es exhibir los apoyos, pero también señalar quiénes son los indiferentes o los desafectos. Forzar la división dentro de las entidades y en el interior mismo de la sociedad, contradice la causa de la libertad que se atribuyeron en el Camp Nou.