Ha habido cambio de Gobierno primero en Catalunya y ahora en España y el signo de los partidos gobernantes ha variado. Los nuevos gobiernos han tenido que empezar su trabajo en un entorno económico difícil y los presupuestos se recortan también en investigación. Hace tiempo que deberían haberse hecho reformas en la manera como se gestiona la investigación española. Optimizar cómo se gastan los recursos es ahora una necesidad absoluta y tendrán que cambiar cosas a la fuerza. Puede ser una oportunidad para hacer lo que no se había hecho hasta ahora, pero la ciencia es una actividad a largo plazo y necesita también de continuidad. Parece que los actuales gestores han entendido estos mensajes. Esperamos que sea así.

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 04 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Las elecciones en el Estado español han llevado un nuevo partido al Gobierno. En el último periodo del anterior Ejecutivo se habían paralizado decisiones como las convocatorias, que son esenciales para los grupos de investigación de nuestro país. Había expectación por saber quiénes ocuparían los cargos de responsabilidad. Las primeras decisiones han sido poner en marcha las convocatorias y nombrar personas que conocen bien el mundo de la investigación y que envían un mensaje de continuidad. Incluso algunos han protestado porque la máxima responsable de la ciencia española, la secretaria de Estado Carmen Vela, les parece demasiado continuista. Haber esperado a que se definieran nuevas políticas para hacer convocatorias hubiera sido perjudicial.

Pero el sistema necesita cambios. De hecho, el ministro de Economía y Competitividad, de quien depende ahora la ciencia, ha afirmado que lleva una agenda agresiva de reformas. Una agresividad bien dirigida es lo que se necesita. La ley de la ciencia, aprobada con los votos de los principales partidos del Parlamento español, pese a sus limitaciones, contiene elementos que pueden permitir avanzar en las reformas. Se prevé una agencia para la gestión de la investigación, se insinúa la necesidad de reformar los organismos públicos de investigación y se abre la posibilidad de que los trabajadores de la investigación sigan una vía contractual. Ahora que tenemos las plazas de funcionarios congeladas, es cuando se mide el error de haber llenado nuestros centros y nuestras universidades de funcionarios elegidos con los criterios de siempre. La ley también prevé el respeto por los sistemas autonómicos de investigación, un proceso de coordinación de las políticas y la definición de una estrategia general. En el entorno autonómico, de un lado, y en el europeo, del otro, la existencia de una reflexión estratégica sobre las prioridades en investigación es una necesidad imperiosa.

Por lo tanto, unas dosis adecuadas de continuidad y reformas son saludables, y por ahora parece que las decisiones tomadas van en esta dirección. Está claro que preocupan los recortes de recursos. Unas reformas correctas pueden permitir optimizar los gastos. Quizá había demasiado dinero que no se distribuía de forma competitiva y ha acabado creando una maquinaria pesada que pierde energías por todas partes. Se han creado unos capítulos de personal desproporcionados y sin flexibilidad. Todo esto se puede reformar si hay voluntad. Se podría pensar que cuando hay más recursos es más fácil reformar, pero la experiencia demuestra lo contrario y ahora no se puede esperar más.

Pero también hay que decir que todo tiene un límite. El dinero destinado a investigación en nuestro país está por debajo de todos los parámetros si comparamos con los países del entorno en los que, sin embargo, la dotación se ha mantenido o incluso aumentado. Por debajo de un cierto nivel no es posible mantener programas ni renovar personal. Se puede acabar creando una fuerte hipoteca de cara al futuro, y cuestiona la credibilidad del sistema. Si a la primera de cambio las reducciones son brutales nadie se creerá que el nuestro es un país que apuesta seriamente por la investigación como base de una nueva economía. Por lo tanto, la situación necesita un nivel de financiación razonable.

Con este panorama, hay que desear acierto a quienes han de decidir adónde se dirige la ciencia en nuestro país. Hoy por hoy, ha habido recortes indiscriminados de sueldos y recursos. El nivel de calidad en la investigación a que hemos llegado debería permitir que los cambios que se pueden producir vayan marcando una dirección de la ciencia más eficaz y con prioridades claras que marquen las estrategias futuras. Y con esto puede haber también continuidad. Se pueden potenciar centros y grupos donde se hace la ciencia de la mejor calidad y apostar por temáticas que tengan más incidencia en la investigación y la economía. Iniciar nuevas formas de contratación, aunque sea con prudencia, podría dar un mensaje de esperanza a los jóvenes investigadores e indicar qué haremos cuando la economía se reactive. Si el sistema ha de adelgazar, más vale que pierda grasa inútil y quede listo para volver a la carrera lo antes posible. Director del Centro de Investigación

Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB).