Los SÁBADOS, CIENCIA

¿Se contagia a la ciencia la corrupción?

El sector de la investigación ha dado respuestas adecuadas a las malas prácticas en su seno

PERE PUIGDOMÈNECH

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La corrupción se ha convertido en una preocupación importante dentro de la sociedad española. Parece que cuanto más profundizamos en el comportamiento público y privado, más ejemplos encontramos. Nos podemos preguntar si este tipo de hechos también ocurren en la ciencia española. La respuesta es que se han dado casos de malas prácticas, pero no del alcance de lo que ocurre en otros campos. Es posible que el dinero que la ciencia administra no dé para comportamientos corruptos. Pero la ciencia no está libre de algunos de los vicios de la Administración pública española.

La corrupción en la ciencia tiene unas características muy específicas. Es cierto que en Europa y Estados Unidos ha habido casos de gente que ha querido sacar provecho económico de los fondos de investigación. Pero estamos hablando de cifras pequeñas. Los problemas actuales de la ciencia española se cifran en decenas de millones de euros. Es una dimensión pequeña comparada con los ámbitos en los que han aparecido los casos de corrupción conocidos. La problemática de comportamientos irregulares en ciencia más usuales son la fabricación o manipulación de resultados o el plagio y temas como la autoría de los trabajos. Estos son casos intolerables en una actividad que tiene como finalidad avanzar hacia el conocimiento objetivo.

En España era previsible que casos como estos se presentaran. Hasta hace poco la cantidad de ciencia que se hacía era poca y su impacto internacional era bajo. No tenía mucho interés preguntar si había casos de conductas irregulares en la ciencia española. El creciente impacto y la presión sobre los investigadores pueden haber sido las razones de que en estos últimos años se hayan presentado algunos casos. Solo hay que entrar en algunas bases de datos internacionales sobre el tema para darse cuenta de que ha habido investigadores españoles que han tenido que retractarse de algunos artículos por sospechas de comportamientos irregulares. No hay datos que hagan pensar que haya en nuestro país un nivel diferente de malas prácticas, pero sería importante no bajar la guardia, especialmente cuando las cosas se ponen cada vez más difíciles.

Pero hay muchos matices en los comportamientos irregulares. Y es probable que lo más específico del caso español sea lo que está ligado a las especificidades de la sociedad y la Administración española. Cuando han sido detectados casos de malas prácticas, su análisis se ha detenido cuando la persona investigada era funcionario. En el estatuto de la función pública española no está contemplado el fraude científico como posible falta disciplinaria. Esto quiere decir que, aunque se detecte algún comportamiento irregular por parte de investigadores o de profesores españoles, no se pueden aplicar sanciones de tipo administrativo.

Por otra parte, la actividad científica no es ajena a los comportamientos que la sociedad y la Administración pública han heredado de periodos anteriores. De la etapa de la dictadura hemos heredado la falta de respeto por algunas leyes, o la falsa idea de que el dinero público sale de un agujero negro del que no hay que preocuparse, o que más vale una plaza de funcionario que garantiza un sueldo para toda la vida aunque esté mal pagada.

En la gestión de la investigación, tanto los tribunales de oposiciones como las comisiones para evaluar proyectos toman sus decisiones de forma autónoma. La participación en alguna de ellas se puede ver más como la ocasión para obtener alguna ventaja que como un acto de servicio dirigido a adjudicar los recursos de la mejor manera. Los contratos con empresas, un elemento importante para la transferencia de tecnología, pueden dar lugar a conflictos de intereses en un entorno poco definido.

DE HECHO, pocas cosas en la Administración pública española están dirigidas a la gestión eficaz de los recursos. La gestión de personal, limitada por el estatuto del funcionario, que le da la plaza en propiedad, y la gestión burocrática de los recursos, que va dirigida sobre todo al respeto formal de las normas, son buenos ejemplos de un entorno que no favorece la transparencia y el uso eficiente de los recursos.

Por lo tanto, se puede decir que los casos de corrupción que han aparecido en la ciencia española son probablemente similares a los de otros países y que, dentro del ámbito científico, se han dado en general respuestas adecuadas. Lo que aparecen en la práctica científica son aquellos aspectos de la Administración que dan lugar a una zona gris entre ineficiencia y pequeña corrupción. Evitar estos casos exigiría reformas generales en la Administración pública que desgraciadamente nadie parece decidido a emprender.

Si queremos salir de la crisis con una ciencia mejor también debemos reformar la Administración o hacer su gestión independiente de esta.