Si la consulta es una encuesta, ¿quién podrá prohibirla?

Dice el artículo 122 del Estatut: "Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución." Y este artículo de la Constitución dice: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum."

El 'president' Artur Mas insiste en la voluntad de negociar la consulta con el Gobierno español. Añade que, si siguen haciéndose los sordos y no hay acuerdo para hacerla, se aprobará la ley de consultas en el Parlament y, por la vía de este artículo del Estatut, el 9 de noviembre se hará la consulta, que ahora más que nunca tiene sentido llamarla así. Porque será casi como una encuesta de opinión donde es el universo, o sea toda la población de Catalunya y no una muestra, la que puede opinar libremente.

Después, con el resultado obtenido, sea cual sea, no se declarará la independencia ni se romperá con España, sino que es con España con quien se negociará. Está claro que si el Estado es capaz de ofrecer una oferta, se tendría que votar, dice hoy el 'president'.

Visto así, a algunos les podría parecer que el peso político de la consulta, la del 9 de noviembre, queda aguado o rebajado. Pero es evidente que situándola casi como una encuesta de opinión, donde la empresa que la hace es el propio Govern y la muestra coincide con el universo, es prácticamente imposible prohibirla. Y es inteligente políticamente, con el resultado en la mano, negociar. Porque el sentido de la negociación más que nunca estará legitimada por la voluntad de la población. Y a cuando el pueblo habla, le llamamos democracia.