El Periódico

Análisis

Javier Pérez Royo

Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional

Conflicto sin solución

Sábado, 13 de septiembre del 2014

Un aspecto de la movilización de la Diada en Barcelona.

Cuando de la estructura del Estado se trata, el referendo es un instrumento política y jurídicamente insuperable para ratificar un acuerdo, pero no lo es para arbitrar un desacuerdo. El problema territorial es el único problema constitucional por el que la gente se mata. La guerra civil en Estados Unidos es el ejemplo más expresivo. Más ciudadanos estadounidenses murieron en dicha guerra que en todos los demás conflictos bélicos juntos en los que Estados Unidos ha participado. No hay nada potencialmente más peligroso para una sociedad que la ruptura de su integridad territorial.

Obviamente, el referendo no puede ser equiparado a la guerra civil, pero ambos sí coinciden en un punto: en que se trata de fórmulas no negociadas de resolución de un conflicto de naturaleza territorial. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo es el presupuesto de ambos. El resultado de que haya vencedores y vencidos es la consecuencia insoslayable.

El arbitraje, a través de un referendo, del conflicto que procede de la dificultad de vivir juntos en el mismo territorio es siempre una mala solución, que no lo resuelve, sino que a lo sumo lo hace tolerable. Las heridas tardan en cicatrizar, si es que lo hacen. Por supuesto, cuanto menos pacífica haya sido la convivencia en el Estado en que se produce la ruptura de la integridad territorial, más riesgo existe de que el conflicto se reavive de alguna manera.

David Cameron tiene que estar más que arrepentido de haberse negado a pactar con Alex Salmond la propuesta de reforzar la autonomía política de Escocia dentro del Reino Unido y forzar la celebración del referendo del próximo día 18 en los términos en que lo ha hecho. La naturaleza del referendo conduce al enfrentamiento a todo o nada. Incluso cuando el enfrentamiento se produce de manera civilizada. La angustia que genera ese tipo de enfrentamiento a medida que se acerca el momento de acudir a las urnas la están viviendo ingleses y escoceses, con los españoles, sobre todo, como espectadores privilegiados.

Un conflicto territorial únicamente puede ser resuelto a través de la negociación, cuyo resultado después es muy conveniente que se someta a referendo. De esta manera se resuelve. Con referendo sin negociación se hace más o menos soportable. Y esto en el mejor de los casos, como el de Inglaterra y Escocia.

En España caminamos hacia un escenario mucho peor. En primer lugar, porque nosotros hemos tenido una solución pactada y refrendada con base en la Constitución de 1978 hasta el 2010. Todos los estatutos de autonomía del artículo 151 han sido pactados entre el Parlamento de la nacionalidad o región proponente y las Cortes Generales y refrendados por el pueblo de dicha nacionalidad o región. Las reformas de dichos estatutos, también. Esa regla constituyente quebró con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sobre el Estatut.

A partir de ese momento nos hemos quedado sin Constitución territorial. Pues la Constitución territorial era el pacto entre el Estado y la nacionalidad correspondiente sellada por el referendo de los ciudadanos de la comunidad autónoma constituida a través de dicho pacto. La Constitución a la que el Gobierno apela, para negarse a cualquier tipo de negociación, fue la Constitución de todos, pero ya no lo es. Cancelada la negociación y anulado el resultado del referendo de aprobación del Estatut, Catalunya se ha quedado sin Constitución. Con Catalunya, España.

De ahí que avancemos a un escenario de enfrentamiento sin reglas, incomparablemente más peligroso que el que se está viviendo entre Escocia e Inglaterra. No sé si estamos a tiempo de rectificar y hacer un último esfuerzo para evitar el siniestro total, pero no hay nada que nos permita ser optimistas.

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