La compleja ecuación del 'top manta'

Tras la lamentable tragedia del pasado martes en Salou, que aún tiene datos por esclarecer, se impone de nuevo la reflexión sobre el fenómeno del top manta y sus ramificaciones, desde el drama humano que sufren quienes lo practican hasta el legítimo derecho a la queja de los comerciantes que pagan sus impuestos, pasando por la intervención de las fuerzas policiales y la proporcionalidad de su actuación en relación a los delitos cometidos y su incidencia en la convivencia pacífica, sobre todo en verano, que es cuando esta práctica adquiere más volumen y visibilidad en poblaciones turísticas.

Por una parte, es evidente que la actividad de los ciudadanos de origen senegalés (los principales protagonistas del top manta) se fundamenta tanto en una tradición cultural, como afirma el secretario general de la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya, como en una necesidad ineludible de ganarse el sustento aun tratándose de un comercio claramente alejado de los parámetros de la legalidad. Bien a través de una inversión autónoma, bien controlado por una red, la realidad es que el top manta se abastece de productos fabricados de manera fraudulenta a gran escala en China y comercializados en naves industriales del área metropolitana de Barcelona. Los manteros son el último eslabón de la cadena del negocio de las falsificaciones, el eslabón más débil y más expuesto a la inclemencia: la lucha por la supervivencia se tiñe de una leve capa de delincuencia que, de no ser por la venta callejera, quizá sería más grave.

Ada Colau ha asegurado esta semana que Barcelona no rebajará la presión sobre el top manta, pero ha subrayado que la solución del problema no puede ser policial sino social, y ha abogado por que los manteros se puedan acoger a proyectos laborales alternativos como se hizo con las personas que recogían chatarra. Es una opinión bastante sensata, pero a la que se puede contraponer la plena legitimidad de las amargas quejas de los comerciantes que ven perjudicados sus negocios por una actividad que no cumple las obligaciones fiscales y laborales. Poblaciones  como Roses se plantean  contratar seguridad privada para actuar más eficazmente contra la venta callejera ilegal, una posibilidad que entrañaría riesgos que hay que ponderar. El top manta es, ciertamente,  una ecuación compleja.