¿Cómo gastamos el dinero de todos?

Cuando una familia decide hacer vacaciones debe tomar una serie de decisiones de las que depende que sean un éxito o un fracaso. Una empresa está constantemente revisando las estrategias de inversión, de márketing y repasando las ventas para asegurar su rentabilidad e incluso la supervivencia, conceptos que dependen crucialmente de las decisiones que tome. Si, además, resulta que la familia ha perdido parte de sus ingresos este año o la empresa ha visto caer radicalmente las ventas de la primera mitad de año, ¿creen ustedes que se lo pensarán más a la hora de planificar y valorar las diferentes posibilidades que se les presentan? Puedo imaginar fácilmente las discusiones al volver de vacaciones.

Los ayuntamientos y todas las administraciones, pero especialmente las locales que son las más cercanas a los problemas cotidianos de los ciudadanos, han visto cómo en los últimos años al mismo tiempo que las necesidades y las carencias de gran parte de la población aumentaban, los presupuestos disponibles para cubrirlas disminuían fuertemente. El Gobierno central, mientras se retiraba de las partidas con las que colaboraba con otras administraciones para cubrir gastos sociales, ha cargado todo el peso de los recortes presupuestarios sobre las autonomías y los ayuntamientos, que son responsables de los capítulos que asociamos al Estado del bienestar: educación, salud, ayudas a la dependencia, etcétera. ¿Qué deben hacer entonces los ayuntamientos? Como la familia o la empresa que comentábamos al principio, ¿deben ser aún más cuidadosos en la manera de aplicar los recursos, en la planificación y evaluación de sus políticas en tiempos de escasez?

Los países avanzados hace tiempo que tienen herramientas para dar a los políticos, y a las administraciones que gobiernan, los datos y el asesoramiento necesarios para planificar y evaluar su gestión. Las decisiones se deben tomar en base a las evidencias reunidas en la acción política y hay que pensar de antemano qué información hay que recoger mientras se ejecuta la política para poderla evaluar correctamente.

El Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) es un organismo público creado en el 2008 para promover la evaluación de las políticas públicas en Catalunya. Evaluar políticas no significa simplemente averiguar si las cosas se han hecho bien o mal. Evaluar significa medir en qué grado se han logrado unos objetivos prefijados, pensar y valorar si las cosas se podrían haber hecho de otra manera con mejor desempeño y, sobre todo, aprender de los éxitos y de los errores para mejorar las políticas futuras. ¿Y por qué hay que evaluar? Los contribuyentes ni siquiera lo preguntan, lo tienen muy claro. Es preciso que el dinero público se utilice sin trampas, sin corruptelas. Pero, además, debe aplicarse con eficacia. Hay que estar seguros de que se gasta donde hace falta (decisión política) y que sirva para resolver problemas.

Para evaluar las políticas públicas es necesario que antes de decidir y aplicar un programa político se estudie bien el contexto y los colectivos afectados, que leamos y aprendamos de lo que dicen no solo los expertos, sino la evidencia de los datos y de las experiencias evaluadas en otros lugares. Antes de empezar hay que definir dónde se quiere llegar, objetivos, indicadores de éxito o fracaso. Solo así se podrá medir después el grado de éxito o fracaso. Pero habrá también que poder diferenciar los resultados que responden a la actuación programada de aquellos que ya se habrían producido sin la intervención. Y eso no siempre es fácil. ¿Podemos dedicar tiempo y recursos a planificar antes y evaluar después el destino de los programas cuando hay urgencias sociales? La respuesta es clara: nunca será tiempo perdido el dedicado a asegurar que el dinero se gasta de la forma más eficiente.

Los ejemplos, en muchos de los cuales ha intervenido Ivàlua, son numerosos y tocan temas relevantes como el paro, la gente mayor, la educación, los jóvenes... El paro es uno de los principales problemas actualmente: las administraciones dedican muchos recursos a combatirlo. ¿Lo hacen bien? O aún más, ¿lo hacen de la forma más eficiente? ¿Podemos saber si es más eficiente la formación de los parados que darles facilidades para abrir un negocio?

Podemos ser moderadamente optimistas con lo que se hace actualmente. Pero el motivo del optimismo es constatar que la sociedad, y los ciudadanos en primer lugar, tienen muy claro y exigen ya abiertamente que las administraciones se pongan las pilas y dediquen esfuerzos en asegurar que el dinero se gasta, no solo honestamente y con transparencia, sino de la manera más eficiente, con resultados demostrables por la evidencia de los datos.