Análisis

Ciudades y asilo

Gemma Pinyol-Jiménez

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Dada la inacción de muchos gobiernos ante la llegada de refugiados a las fronteras europeas, parte de la sociedad civil se ha movilizado para mostrar su solidaridad con estas personas y muchas ciudades han canalizado este apoyo tomando un rol que, en ocasiones, es nuevo para ellas. La prevista llegada de solicitantes de asilo ha puesto en evidencia que la rigidez del (reducido) sistema de asilo español deja poco espacio para que participen nuevos actores. A la hora de gestionar las expectativas de la solidaridad ciudadana para proporcionar respuestas inmediatas, esta tensión entre el querer y el poder debe ser tenida en cuenta.

Hablamos de una política de competencia estatal (la protección es territorial) en la que son los gobiernos estatales los que otorgan permiso de entrada y de residencia (y por lo tanto, el  acceso al sistema de protección y acogida). En el proceso de construcción de un sistema de asilo en Europa (que no europeo) se han desarrollado directivas que obligan a establecer unos mínimos comunes en estos ámbitos, pero siguen siendo los estados los que tienen la última palabra en las concesiones de asilo.

Aun así, a lo largo de la UE la provisión de servicios para solicitantes de asilo y refugiados difiere e implica a actores distintos. Pero un recorrido por los diversos países permite afirmar que, al margen de quién ostenta las competencias, los municipios tienen un margen amplio de acción como garantes de la cohesión social. Facilitando, por ejemplo, el acceso de los solicitantes a los sistemas de acogida que la mayoría de ciudades han ido desarrollando a lo largo de los años, y evitando crear redes paralelas. Hay que contar con recursos suficientes para fortalecer determinados servicios públicos; y en aquellos que se prestan vía entidades sociales, encaminar hacia estas la solidaridad ciudadana.

Y también promoviendo acciones de sensibilización e información para toda la ciudadanía. En muchas ciudades europeas en las que los recursos no son un problema, sí lo ha sido el encaje de los refugiados. Percibidos como una amenaza o solo como beneficiarios, los solicitantes y refugiados acaban siendo víctimas de discriminación y de actos racistas. Es importante explicar el compromiso internacional que significa el asilo; evitar generar discursos discriminatorios entre población vulnerable y solicitantes de asilo; y fomentar la participación y la interacción entre estos y la comunidad autóctona. Aprovechar la contribución profesional, lingüística o social de los solicitantes y refugiados en la vida urbana es también garantizar la cohesión social, facilitar la convivencia y luchar contra el racismo y la xenofobia.

La suma de estos elementos, desde lo local y con la participación activa de la ciudadanía solidaria, puede garantizar una política de acogida exitosa, que no solamente dé respuesta a la crisis que vivimos hoy sino que germine en una respuesta a largo plazo para aquellas personas que, huyendo de la violencia y la guerra, reconstruyen sus vidas en nuestras ciudades.