Ciudadanos secuestrados

Barcelona vivió ayer un lunes negro a causa de distintas huelgas que afectaron la movilidad de ciudadanos y visitantes en una de las jornadas con más tránsito aéreo y más efervescencia viajera. A los, por desgracia, habituales paros parciales del metro, se sumaron las protestas en el sistema del Bicing y las aglomeraciones generadas en la T-1 del aeropuerto de El Prat como consecuencia de la reivindicación de los trabajadores de la empresa privada que se encarga de los primeros controles de seguridad. La huelga, más o menos encubierta, se ha avanzado a los anuncios del comité, que avisaba de paros parciales, de forma indefinida, a partir del 4 de agosto.

Vaya por delante que el derecho a la huelga es uno de los bastiones del Estado democrático, por cuanto reconoce, admite y protege la posibilidad que los trabajadores sostengan sus pretensiones laborales con el ejercicio de unas acciones que sirven para poner presión en la mesa de negociaciones. Pero hay que tener en cuenta las distintas modalidades de la huelga, que debe tratarse de manera distinta si sus consecuencias afectan de manera directa a la vida cotidiana de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de los conflictos de la limpieza de  calles, o de la movilidad, ya sea en el entorno de la ciudad o en estaciones y aeropuertos. 

De una manera u otra, la Administración, a través de sociedades municipales, participadas o delegadas, ejerce como parte empresarial y ha de asumir que las consecuencias directas se ceban en la población. Y los sindicatos, conscientes del agravio general que ocasionan, han de mesurar los mecanismos que tienen en su mano. Porque, en definitiva, es el ciudadano quien está secuestrado. Es el ciudadano quien acaba pagando los platos rotos de la negociación, sin tener ni arte ni parte en el conflicto.

Calibrar hasta qué punto es legítima una reivindicación, una intransigencia o una fijación en determinadas posturas, pasa también porque ambas partes valoren el grado de indefensión en el que se hallan quienes van a trabajar, quienes desean desplazarse sin obstáculos o quienes pretenden disfrutar de su descanso. No hay duda de que los asuntos que están sobre la mesa son de solución compleja. Razón de más, y poderosa, para que los derechos de los usuarios se tengan también en cuenta sin más dilaciones.