Directos a un grave choque de trenes

El debate de política general ha sido la confirmación de que --en ausencia permanente de diálogo-- la mayoría del Parlament ha decidido caminar por la via de colisión con el Estado. Estamos ya desde hace meses en un enfrentamiento jurídico que puede llevar en pocas semanas a un choque de trenes real entre dos gobiernos. En efecto, este jueves el Parlament ha aprobado con los votos independentistas y la muy significativa abstención de Catalunya Sí que es Pot la celebración del "referéndum o referéndum" propuesto por Puigdemont --aunque no haya acuerdo con el Estado-- el próximo septiembre y unas elecciones constituyentes seís meses después.

Que esta resolución conduzca al choque de trenes ha sido puesto de relieve por su coincidencia con la via libre del Tribunal Constitucional (TC) a que la fiscalía actúe contra Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, por haber permitido --pese a la advertencia previa del TC-- la votación por el pleno del Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Está pues claro que, salvo que las dos partes inflexionen su actitud, nos dirigimos con rapidez a un real choque de trenes cuya gravedad no puede ocultarse. Catalunya puede ver afectadas sus valiosas instituciones de autogobierno --son garantías de ir a mejor-- y la democracia española puede resultar seriamente dañada ya que, como dijo el propio Felipe González, la suspensión de la autonomía catalana aparejaría de facto el fracaso del régimen constitucional del 78.

Ante la gravedad de los acontecimientos que se perfilan para el próximo curso político hay que pedir a los actores políticos que llevan tiempo preparando el choque trenes un retorno a la reflexión. A Junts pel SI hay que recordarle que la mayoría parlamentaria de que dispone --gracias al inestable pacto con la CUP-- no se corresponde con una mayoría de votos en las elecciones plebiscitarias de septiembre del 2015. Y más todavía, que la vía unilateral y la ruptura de la legalidad son caminos peligrosos y aventurados que pueden romper la convivencia cívica y dañar seriamente a la economía. Es el propio presidente Urkullu el que lo ha recordado muy recientemente.

Pero la responsabilidad del Gobierno del PP es quizá mayor porque es una barbaridad querer congelar un serio conflicto político --todo indica que los ciudadanos de Catalunya desean más autogobierno y alguna fórmula de consulta sobre el futuro-- en un permanente contencioso jurídico. Las normas están para respetarse, pero también para modificarse si cambian las circunstancias. Y la política es saber acompasar estas necesidades.

Y el presidente Rajoy tiene una gran responsabilidad. Él contribuyó cuando la discusión del Estatut a la desafección de Catalunya, de la que ya advirtió el 'president' Montilla, nada sospechoso de independentismo. Y en sus ya cinco años de Gobierno el conflicto no ha hecho otra cosa que agravarse. Catalunya y España merecen una nueva relación que no pase por ningún acontecimiento traumático.