El Cercle censura a Puigdemont y a Rajoy

La entidad afirma que sin respeto a la legalidad no hay nada democrático

Puigdemont y Rajoy, en la Moncloa, en abril del 2016.

Puigdemont y Rajoy, en la Moncloa, en abril del 2016. / periodico

JOAN TAPIA

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En sus casi sesenta años de vida, el Cercle d'Economia -entidad mixta de empresarios y profesionales- ha defendido la apertura democrática, la economía de mercado, la concertación social, la personalidad catalana y el proceso europeo. Y lo ha hecho con optimismo, porque intuía que sus análisis iban en el sentido de la historia, y con un gran equilibrio porque es una entidad plural. Su fundador, Carlos Ferrer Salat, fue luego presidente de la CEOE, y su primer secretario Narcis Serra, vicepresidente socialista. No se pretende atacar sino construir consensos.  

La nota de la semana pasada supone un cierto cambio. Primero por su brevedad. Es más un semáforo rojo que una propuesta. Segundo, porque pese a la corrección de formas, la nota transmite preocupación, hartazgo e incluso amarga censura sobre el rumbo de la política catalana en los últimos años.

Censura en primer lugar al Gobierno catalán y al independentismo. La nota recuerda que ya en noviembre del 2015 mostró preocupación, porque suponía una quiebra de la legalidad vigente, ante la célebre declaración del Parlament de Catalunya que siguió a las elecciones "plebiscitarias".  Y afirma que ahora quiere poner "aún un mayor énfasis, dado que se acentúa el deterioro de nuestra vida institucional". Por ello, concluye con una frase rotunda e inequívoca: "Nada es democrático si vulnera el principio fundamental de cumplimiento de la legalidad, esencial para ordenar la convivencia en cualquier país avanzado".

El Cercle ha querido dejar claro -sin ninguna ambigüedad- que discrepa totalmente de una hoja de ruta que resume al decir que "la alternativa de situarnos al margen de la legalidad emerge con fuerza". 

Pero el Gobierno catalán no es el único censurado. La nota no pretende repartir culpas porque la clave es subrayar el obligado respeto a la legalidad, pero el Gobierno central también recibe un tirón de orejas. Así recalca que "el conflicto catalán es de naturaleza política" y que consecuentemente se precisa "una negociación transaccional, más allá de la retórica, a menudo vacua, del diálogo, pues solo asumiendo logros y renuncias mutuas es posible alcanzar un acuerdo estable".

MENSAJE SUBLIMINAL

Es una nota oportuna en vísperas de un viaje de Rajoy para hablar de infraestructuras en el que el mensaje subliminal será que no hay un conflicto político justificado porque el Gobierno, superada la crisis, invertirá en infraestructuras. Está bien recuperar la inversión pública en Catalunya, que ha caído al 9% del total, la mitad de la aportación al PIB, pero el problema no acaba aquí.

Y es también útil porque ayer la CUP escenificó una especie de miniasalto a la sede del PP. El independentismo debe saber que no basta con condenar el hecho, como hizo con rapidez Marta Pascal. No es sensato dejar al Gobierno catalán a merced de un grupo antisistema.

En los últimos años de convulsión, el Cercle, con dos presidentes diferentes, Anton Costas y Joan Josep Bruguera, ha puesto de relieve que la sociedad civil puede tener voz propia.