Centrar el debate en el empleo

Ahora ya sabemos que la tarifa plana para nuevos contratos, anunciada a bombo y platillo por Mariano Rajoy en el Congreso, no va a servir necesariamente para crear empleo, sino en muchos casos solo para que las empresas reduzcan la cotización a la Seguridad Social. La letra pequeña del decreto desvela que la medida puede convertirse en un fácil coladero para destruir contratos antiguos y sustituirlos por otros con menor coste salarial. Los expertos calculan que las arcas públicas van a dejar de ingresar unos 6.000 millones, sin ninguna garantía de que no se utilicen como subvención encubierta para propiciar despidos. Si a eso le añadimos la falta de inspectores de trabajo y la debilidad de los sindicatos, la tarifa plana puede acabar dando otra vuelta de tuerca a los trabajadores con la excusa de la moderación salarial, como nos volvía a exigir anteayer el comisario europeo Olli Rehn. El resultado final de tantas contrarreformas es que vamos hacia una estructura laboral donde una parte sustancial de los trabajadores serán pobres.

El 81% de los ciudadanos creen que el mayor problema de España es el paro y, sin embargo, a penas se discute a fondo sobre cómo crear empleo. Sorprende el escaso debate que ha suscitado la medida de Rajoy, pasado el impacto del primer momento, sobre todo cuando ya conocemos sus detalles. Mucho ganaríamos, por ejemplo, si fuéramos capaces de dedicar las elecciones europeas de mayo a este crucial asunto. Por lo menos los partidos de izquierda, que aspiran a ser mayoría en Estrasburgo, deberían esforzarse en explicar bien sus propuestas. Igual así evitan que la abstención alcance otro vergonzoso récord. Que eso pueda ocurrir es tan dramático como contradictorio, pues el voto esta vez va a ser relevante. El grupo político más votado va a situar a su candidato al frente de la Comisión, para reemplazar al conservador Durao Barroso. Además, la nueva Eurocámara va a ver reforzada sus atribuciones de control sobre aquellas políticas fiscales y económicas que después son impuestas a los gobiernos nacionales, y de las que luego nos quejamos tanto.

Es esencial, pues, luchar contra la banalización de unas elecciones que en realidad deberían ser consideradas ya como las más trascendentales. En Catalunya, sufriremos además la interferencia del proceso soberanista. Es absurdo pensar que Europa puede obligar al Gobierno español a aceptar una consulta. La comisaria Viviane Reding lo dejó muy claro la semana pasada y rogó a los periodistas catalanes que, por favor, no le hagan una y otra vez la misma pregunta. Pero sobre todo nos advirtió de que no desperdiciemos nuestra energía en algo que es contradictorio con el sentido del proyecto europeo. ¿Votaremos pensando en el empleo o en absortos deseos?