Celebraciones y elecciones

Este año celebraremos los acontecimientos de 1714 y otros más recientes (100 años del inicio de la primera gran guerra, 75 de la segunda y 25 del fin de la guerra fría) que han hecho nuestro mundo como es. Y tendremos elecciones: las europeas, las primarias abiertas del PSOE, el referendo de autodeterminación en Escocia y en Catalunya, o en su defecto elecciones anticipadas. Todas contribuirán a construir el mundo que será.

Afortunadamente, esta vez podemos hacerlo por medios pacíficos, a diferencia del pasado, cuando la suerte de las armas fue el gran escritor de la historia. Si hubiera sido otra, Catalunya podría hoy quizá ser un Departamento francés; en 1640, en guerra con los Austrias de Olivares se separó de la monarquía hispánica y pasó unos años bajo los Borbones franceses. O quizá una Holanda del Mediterráneo, un nuevo Estado, independiente precisemos, dentro de la UE. Una posibilidad que apoya una parte importante de los catalanes y que, emociones y sentimientos aparte, habría que valorar tanto desde el punto de vista de las ventajas de la nueva situación como de los costes de la transición para alcanzarla.

No tengo ninguna duda de la viabilidad económica de una Catalunya como nuevo Estado independiente de la UE. Pero creo que los costes de la transición serían muy altos. Y una decisión racional aconseja valorarlos desde una información lo más completa y veraz posible.

En esta transición, la relación con la UE es muy importante. Según las encuestas, el entusiasmo independentista se enfría notablemente si implicara la salida de la UE. De ahí el esfuerzo en tratar de convencer de que una Catalunya independiente seguiría en la UE, aunque todas las autoridades comunitarias nos han advertido de lo contrario. El mismo día que el presidente del consejo, Van Rompuy, reiteraba su advertencia, CiU publicaba un panfleto asegurando que no hay «ningún argumento jurídico ni político que impida a Catalunya ser miembro de pleno derecho de la UE». Y en su carta a Barroso y a los gobiernos de la UE, Artur Mas se expresa en los mismos términos: Catalunya seguirá siendo miembro de la UE y el primer interesado en ello será el propio Gobierno español.

La carta ha tenido la fría acogida que se conoce. Diligente en su respuesta, Barroso contesta que este es un asunto interno de España y sobre la adhesión a la UE nos remite, harto de repetirlo, a lo que ha dicho en otras ocasiones. Es decir, que, de momento, se quedaría fuera y que para entrar deberá conseguir la unanimidad de todos los estados miembros.

Y eso no es un problema de maldad hispánica ni de que los europeos nos traicionen como los ingleses en 1714, es el resultado de unas reglas que para cambiarlas habría que modificar los tratados. No es un cuento para asustar: un ciudadano tiene derecho a ser informado de las consecuencias de una decisión trascendental para valorarla. Y es lógico que pregunte al Govern qué propone más allá del huguetiano: «No es preocupi, que aixó ja ho arreglarem…»

En una reciente entrevista en el periódico italiano La Repubblica, Mas reconocía que Catalunya quedaría «transitoriamente» fuera de la UE. «Transitoriamente», esa es la cuestión. ¿Cuán larga sería la transición? Me temo que años. ¿Y, mientras tanto, qué hacemos? ¿Cómo se las apañarían los bancos catalanes? Desde luego la actitud del Gobierno español sería determinante, por lo que una independencia por las bravas no lleva a ninguna parte. Algún ilustre economista nos dice la barbaridad de que da igual la pertenencia porque en la práctica seguiríamos teniendo las mismas ventajas que si fuésemos miembros. En el euro, el mercado interior, con acceso a la liquidez del BCE.

Le han desmentido desde el Banco de España y el propio BCE. En realidad la gran banca catalana ya no es catalana, y con más razón dejaría de serlo. Lo más probable es que «transitoriamente» Catalunya tendría que establecer su propia moneda. Palabras mayores que merecen un debate informado.

En este año de celebraciones y elecciones hay que acabar con la desinformación que sufrimos. Ejemplo: en otra carta a Bruselas, el señor Junqueras decía a los eurodiputados que «la Constitución alemana prohíbe que los déficits fiscales de los landers sean superiores al 4,5% de su PIB». Este argumento lo habrán oído repetir muchas veces. Pero es falso. No hay ninguna norma alemana de ningún rango que establezca este límite. Si la hay, el señor Junqueras sería muy amable si nos contara dónde está. Y si no la encuentra puede pedir ayuda al señor Mas que en una entrevista a Le Monde repetía la misma falsedad, aunque esta vez no era el 4,5% sino el 4%. No quiero creer que mientan a conciencia. Pero, ¿cómo es posible que estén tan mal informados? Expresidente del Parlamento Europeo.