Cegueras persistentes

Tras la manifestación del 11-S, la hora de la verdad. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la segunda ley de ruptura, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comunicó la suspensión por el TC de la primera, la del referéndum, así como las querellas de la fiscalía contra el Govern y la mesa del Parlament. Además, el fiscal jefe de Catalunya ordenó a los cuerpos de seguridad (Policía, Guardia Civil y Mossos) la incautación de las urnas y papeletas que puedan servir para el referéndum.

Es difícil que en estas circunstancias la Generalitat pueda llevar a cabo el referéndum con las garantías que pretendía. El envío de las papeletas y las ubicaciones de los colegios electorales, así como la designación de los componentes de las mesas de votación, están pendientes y hay muchas dudas de que puedan llevarse a cabo. Y más tras la orden de la fiscalía a los Mossos, que en principio no puede ser ignorada. Celebrar un referéndum unilateral y con garantías cuando ha sido declarado ilegal y el aparato del Estado lo quiere impedir parece imposible.

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¿Qué sacará entonces el independentismo de este pulso al Estado? ¿Volver a dejar patente la insatisfacción de gran parte de Catalunya con su incardinación en España si logra algún tipo de reedición del 9-N del 2014? ¿Quizá provocar una crisis política que pueda llevar a la dimisión de Rajoy? Parecen despropósitos. Rajoy no sería presidente si –junto a Podemos– se hubiera votado a Sánchez en la investidura del 2016. En todo caso, serían logros que no merecen ni romper las instituciones ni provocar la división de los catalanes que se visualizó la semana pasada en el Parlament. Catalunya no rompió con la legalidad española –que también– sino que media Catalunya se impuso a la otra media saltándose la normas, como dejaron constancia los letrados del Parlament y el Consell de Garanties Estatutàries.

Pero el Gobierno de España también tiene un gran problema. El independentismo no va a salirse con la suya, pero tampoco es fácil que con una respuesta proporcionada –como exige el sistema democrático– se pueda impedir algún tipo de repetición del 9-N. Y aunque al final no se intentase el referéndum –por un ataque de cordura del independentismo–, ya se ha evidenciado que la política de decir no a todo del Gobierno de Rajoy desde el 2011 (tras el recurso al TC contra el Estatut cuando estaba en la oposición) no ha resuelto –sino que lo ha encrespado– el conflicto.

El 2015, más una derrota que un éxito

El tiempo (siete años desde la sentencia del Estatut) demuestra que la solución no es irse de España, porque el 47,8% del 'plebiscito' del 2015 fue más una derrota que un éxito. Pero, al mismo tiempo, también queda patente que no podemos vivir en normalidad democrática si el 47,8% de los catalanes quieren la independencia porque creen que el autogobierno en España es imposible.

El independentismo no admite la realidad y está violando el Estado de derecho. Y el Gobierno de España sigue creyendo que basta la ley para atajar el conflicto. Cegueras persistentes.