Opinión | EDITORIAL

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La caza del faisán

 La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

Un día después de que tomara posesión el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, el juez Pablo Ruz procesó el miércoles al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidaldo; al exjefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros. En un auto que parece una sentencia -75 folios-, les acusa de colaboración con banda armada, revelación de secretos y, alternativamente, encubrimiento.

Se trata del llamadocaso Faisán, en el que supuestamente Ballesteros pasó a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y colaborador de ETA, un móvil a través del cual Pamies lechivó, con autorización de García Hidalgo, que iba a ser desmantelada una red de extorsión etarra.

Aunque se prueben esos hechos, es difícil pensar que unos policías colaborasen con ETA. El Tribunal Supremo ya estableció en loscasos GALyLasa y Zabala que la colaboración solo existe cuando el servicio que se presta a los terroristas busca ayudarles a lograr sus fines. El propio juez Ruz duda de su acusación y asegura que los objetivos que les imputa a los procesados, que impidieran la detención de etarras y la posible incautación de dinero del llamadoimpuesto revolucionario,«no cabe entenderlos como directamente queridos» por los mandos policiales. Y el propio juez apunta otro móvil, la negociación que en esos momentos mantenía el Gobierno con ETA. Eso podría explicar lo sucedido, porque en toda negociación ocurren casos similares, pero, en todo caso, la red de extorsión cayó mes y medio después.

Comparar estos hechos con el GAL, como hizo ayer el portavoz del PP, González Pons, o es desconocer qué fue el GAL o es confirmar por pasiva que al PP los dos casos le parecen lo mismo porque los utiliza de igual forma contra el Gobierno. En este caso, el objetivo, el verdadero faisán que hay que cazar, es Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior cuando sucedieron los hechos, en mayo del 2006, pero al que el juez instructor ni ha citado a declarar. Por eso, decir, como ha hecho la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que los procesamientos inhabilitan la candidatura de Rubalcaba cuando el PP presenta a presidentes autonómicos imputados es de un cinismo verdaderamente insoportable.