El catalán en la escuela, enésimo capítulo

Es cierto que pocas cosas resultan tan cansadas como tener que luchar por lo obvio, aunque también que esa misma indiscutibilidad supone una gran fuerza para quienes defienden una evidencia. Este es el caso de la política lingüística que Catalunya aplica en las escuelas desde prácticamente la recuperación de la autonomía en los años 80, que, se mire como se mire, ha supuesto un éxito en orden al objetivo principal: garantizar el pleno conocimiento por parte de los niños catalanes del idioma catalán, que, por su enorme desventaja demográfica respecto del castellano, precisa de protección. Y, contra lo que pronosticaban los tremendistas, los desinformados o quienes añoraban los tiempos pretéritos de la España uniforme, esa política lingüística en favor del catalán no ha mermado el conocimiento, el uso y la presencia cotidiana del castellano, tan antigua en Catalunya.

Aunque cause cierto sonrojo tener que recordar todo esto, es necesario cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de fallar en varios autos a favor de padres que reclaman para sus hijos educación en castellano en la escuela. Hay varios precedentes de pronunciamientos judiciales en este sentido, pero ahora se roza la extravagancia -si no la burla- al decidirse que la petición de un solo niño de recibir educación en los dos idiomas implica que todos sus compañeros de clase deban someterse al mismo régimen. Una fórmula que carece de toda lógica y que rompería el proyecto lingüístico y educativo de cada centro y lo dejaría al albur de lo que quisieran los progenitores de un único alumno. Como con razón dice laconselleraIrene Rigau, «unos padres pueden decidir por sus hijos, pero no por los de los demás». El dato más elocuente es que solo 21 familias han pedido este año en Catalunya escolarización en castellano para sus hijos.

Tanto el TSJC como el Supremo llevan a sus espaldas varios fallos sobre el asunto, que hasta ahora no han significado la variación de la política de inmersión lingüística. Y ayer todos los partidos, menos el PP y Ciutadans, cerraron filas en defensa de la misma. Es impredecible el final jurídico de la polémica, pero la sensatez ha sufrido una nueva agresión. Y, lo que es peor, se ha reabierto una guerra lingüística que alimenta el agravio que, en este caso con toda legitimidad, sienten la inmensa mayoría de los catalanes.