Castigados hasta los 18

Debatimos sobre si la edad de voto se ha de rebajar a los 16 años y cuando hacemos un proceso participativo les damos derecho de voto porque entendemos que son ya tan maduros que están en condiciones de poder decidir por sí mismos cuál es el futuro político que quieren para su país. Aceptamos con naturalidad que manden sobre su cuerpo y sobre sus sentimientos a edades muy tempranas. Algunos padres pagan los condones, otros acompañan a la hija al ginecólogo para autorizar la píldora anticonceptiva.

Les damos las llaves de casa para que entren y salgan. Dejamos de prohibir y obligar porque ya no tenemos la posición de poder absoluto que disfrutábamos cuando eran niños. Ahora toca dialogar, conciliar y convencer porque solo con la obligación y las órdenes taxativas las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia acaban como el rosario de la aurora.

Hacemos estas cosas que quieren decir que aceptamos que se han hecho mayores, que tienen ideas propias, que a pesar de no haber alcanzado la mayoría de edad legal sí son suficientes maduros -o lo piensan- para empezar a tomar sus decisiones. Queremos influir, pero difícilmente podemos obligar. Esto no evita los conflictos, ni que no se equivoquen, ni que no se estrellen. Solo conlleva la aceptación de un hecho natural. Los niños han dejado de serlo y quieren gobernarse. Acertar y errar. Como todos y durante toda la vida.

MANDAR, OBEDECER

Y todo esto no pasa a los18 años, pasa antes. Al menos en nuestro país. En nuestras familias, independientemente de la tipología. Hay excepciones, siempre las hay. Pero en el mundo que tenemos en nuestras manos las relaciones a los 16 años ya no se construyen sobre la base de adultos que mandan y adolescentes que obedecen. No va así. Este viaje muchas veces es fatigoso y siempre compartido por unos padres aceptando que los chavales ya no lo son y por hijos que se esfuerzan por hacer prevalecer su opinión sobre la de los progenitores.

Por eso chirría la propuesta de alargar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria que ha hecho suya la consejera de enseñanza, Meritxell Ruiz, y que ha sido puesta sobre la mesa por el Consell Escolar de Catalunya (CEC) y redactada por el presidente del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educactiu, Joan Mateo.

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Nadie puede dudar de la buena intención de la medida. Dado que el mundo laboral es cada vez más competitivo y tecnificado y requiere más conocimientos, embutimos a los alumnos en aulas dos años más para que aprendan más y tengan más posibilidades de salir adelante profesionalmente.

Pero claro, una cosa son los papeles, 'power points' e informes y la otra la realidad sobre la que se trabaja. A estas alturas ya son muchos los profesores que tienen que gastar mucha energía para que sus clases sean inmunes a los intentos de sabotaje de alumnos de 14 a 16 años que viven como una tortura el pupitre, la pizarra y los maestros. Alargando esta situación hasta los 18 de manera universal todo hace prever que esta realidad no haría más que empeorar.