El caso del inmueble 109

La grave crisis por la que atravesamos contribuye a que seamos especialmente sensibles ante situaciones como la del inmueble de la calle de Sant Ferran 109, de Sabadell. Nada menos que 40 familias que ocuparon ilegalmente el inmueble vacío se van a beneficiar, según parece, de un alquiler social que les facilitará la Agència Catalana de l'Habitatge. Ahora bien, si, superando nuestras emociones, nos planteamos si es una buena decisión desde el punto de vista del interés público, me temo que no hay demasiadas razones para el optimismo.

El caso del inmueble 109, junto con otros semejantes, muestra claramente algunos de los males que padecemos y que, junto con otros factores, dificultan la mejora de nuestra economía. En efecto, nos encontramos con:

1. Algunos ciudadanos -no sabemos si todos los que ocupan el inmueble- que sufren las consecuencias de una situación de sobreendeudamiento ante la que nuestro país es el único de la Unión Europea que sigue careciendo de una legislación específica. Sin olvidar las responsabilidades de los deudores, tales situaciones fueron facilitadas por una burbuja crediticia a la que las autoridades no hicieron frente en su momento porque no se atrevieron a asumir la impopularidad que ello acarreaba.

2. Unas autoridades incapaces de hacer cumplir la ley permitiendo la ocupación de un inmueble contra la voluntad de su propietario, al tiempo que se han mostrado remisas a adoptar medidas de política social que permitan paliar situaciones como la descrita.

3. Una entidad financiera que concedió un crédito hipotecario para la construcción del inmueble a un promotor -que dejó de pagar- y que en el 2013 transfirió ese activo tóxico a la Sareb para sanear su balance a costa, en parte, de fondos públicos.

4. La Sareb -un ente, de facto, público-, ante la ocupación del inmueble, decide transferirlo a la Agència Catalana de l'Habitatge para que lo destine a alquiler social. O, dicho en otros términos, le endosa el problema. No otra puede ser la explicación de que se destine al fondo social de viviendas previsto legalmente un inmueble, al parecer, de alto standing.

5. La citada agencia decide alquilar las viviendas, según parece, a quienes las han ocupado ilegalmente, prescindiendo -esperemos que no- de si cumplen los requisitos de exclusión exigidos por la normativa y de si en esa zona o en otra existen personas que, además de no haberse comportado ilegalmente, se hallan en situaciones similares o incluso peores. De ser así, las autoridades no solo habrían sido incapaces de hacer cumplir la ley sino que habrían asignado una alta rentabilidad a su incumplimiento: viviendas de alto standing a precio de alquiler social, discriminando, además, a personas en peor situación. Y todo ello financiado con el dinero del contribuyente. El efecto de emulación no solo está servido sino que ya está siendo reclamado por la PAH.

Nos encontramos, finalmente, con que los ciudadanos solemos votar a los políticos que se comportan de este modo, negándonos a aceptar que la protección del interés general exige, en ocasiones, medidas que pueden resultar individualmente dolorosas, lo que no quiere decir injustas. Un país que no se esfuerce por dotarse de una alta calidad institucional y que no garantice el cumplimiento de la ley y de los contratos y el respeto de los derechos de propiedad no puede prosperar. Si queremos prosperar, todos, gobernantes y gobernados, debemos ser capaces de cambiar esta dinámica.