El caso del fármaco de la hepatitis C

Si nada se tuerce a última hora, el Ministerio de Sanidad culminará en breve una rectificación que permitirá a unos 8.000 españoles tener una sólida esperanza de supervivencia de la que ahora carecen. Así se puede resumir la decisión del departamento de Ana Mato de que el sistema sanitario público financie un novedoso medicamento, el sofosbuvir, que es la única posibilidad de vida para los enfermos de hepatitis C a los que no les es aplicable ningún otro fármaco. La movilización de los afectados ha hecho variar los planes de Sanidad, que finalmente ha dado la respuesta que es exigible a todo Estado mínimamente desarrollado: evitar por todos los medios que nadie se vea abocado a la muerte porque no se puede pagar un medicamento que se ha demostrado eficaz contra la enfermedad que padece.

La industria farmacéutica es un lobi potente que a menudo ha sido acusado de procurar demasiado por su exclusivo beneficio. Los laboratorios suelen responder que la investigación de nuevos fármacos es carísima, y que la necesidad de amortizar largos años de inversiones es lo que conduce a que medicamentos como el sofosbuvir se vendan a 60.000 euros. El debate es poliédrico y cada parte tiene algo de razón, pero la política -en este caso, la de la Administración central- adquiere su pleno sentido cuando es capaz de afrontar situaciones como esta y ofrecer soluciones válidas para los ciudadanos, que hoy tienen un motivo más para seguir creyendo en la sanidad pública.