LA CLAVE

El caso de Baleares

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Ourense.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Ourense.

ALBERT SÁEZ

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Baleares no está en la agenda política española. Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos del informe sobre la brecha autonómica de EL PERIÓDICO y Agenda Pública, veremos que es paradigma de la evolución económica y social del estado autonómico entre 1980 y 2015. En 1980, ocupaba el segundo lugar en el PIB per cápita y ha caído hasta el quinto puesto. En inversión social por habitante cae hasta el quince solo por delante de Murcia y Canarias.  Ha sido uno de los feudos gobernados por el Partido Popular que lo convirtió durante décadas en uno de sus laboratorios ideológicos, junto con València y Madrid. En 35 años, Baleares ha perdido vigor económico y capacidad de inversión pública en cohesión social.

El drama es que cuando Baleares ha tenido gobiernos que han querido cambiar de políticas, tampoco ha podido. Lo mismo les ocurrió a los tripartitos catalanes que en época de bonanza lo solventaron por la vía del endeudamiento, y lo mismo le ocurre a València desde que está en vigor el pacto del Botánico. Cuando los gobiernos se encuentran en esta tesitura cercana al bloqueo tienden a reclamar la revisión del sistema de financiación autonómica. Hasta ahora nunca les ha cambiado la vida. Las sucesivas reformas se han caracterizado por aumentar los recursos a repartir, no se han corregido los desequilibrios sino que se han acentuado. Como mucho han logrado introducir como criterios generales de solidaridad aquellos que favorecen particularmente a ciertos territorios: la población, la extensión territorial, la diseminación de la población, la insularidad, … Sin atender nunca dos cuestiones básicas: la cuota de solidaridad de las comunidades forales y el principio de ordinalidad que el Tribunal Constitucional ha declarado definitivamente ilegal. Nadie ha reclamado más eficiencia, en el sentido de que el dinero que sale de los territorios más favorecidos económicamente llegue a los que realmente lo necesitan sin engordar a los gestores de la solidaridad. Hace casi veinte años, el catedrático Joan Tugores -nada sospechoso- dijo que España era un “estado macarra” que cobraba por unos servicios que no prestaba.