La casa o la vida

Han tenido que pasar 20 años desde que se aprobó la directiva europea de protección de los consumidores frente a contratos con cláusulas abusivas para que el Tribunal de Luxemburgo diga lo que el sentido común dictaba: que la normativa española de préstamos hipotecarios y ejecuciones -o sea, desahucios- dejaba desprotegidos a los españoles.

Veinte años, varios gobiernos, millones de casas compradas, miles de hipotecas firmadas por compradores de buena fe que invertían todos los ahorros de su vida, presente y futura, en la propiedad de un piso. En 20 años hemos vivido una crisis corta y muy aguda -la del 93-, una larga etapa de bonanza económica y una segunda crisis tan virulenta y prolongada que ha convertido en insoportable el reguero de personas desalojadas de sus viviendas. Y la mayoría se ha ido llevándose los enseres personales y una deuda hipotecaria que condicionará el resto de sus vidas. Y ahora sabemos que antes, mucho antes, otros han pasado en silencio, sin focos ni atención mediática alguna, por la misma injusticia.

Se ve que la seguridad jurídica que argumentaba el Gobierno para no tocar la ley hasta ahora -y que vuelve a argumentar ahora para tocarla con cuidado- se refería solamente a los grandes inversores y a los bancos. De la inseguridad jurídica de los consumidores ha tenido que venir a rescatarnos un tribunal europeo. Y ahora sí, el Gobierno anuncia que se pone manos a la obra para ajustar la ley urgentemente a los términos de la sentencia.

¿Dónde ha estado la política todo este tiempo? ¿De parte de quién jugaba? La política española y la europea. ¿A Bruselas, tan tiquismiquis con el cumplimiento de sus objetivos, no le llamaba la atención que los españoles se fueran a la calle con tanta facilidad y el resto de los europeos no? Dice ahora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que nuestra ley hipotecaria es muy antigua. Y el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, asegura que siempre le sorprendió que nuestra legislación fuera tan dura. De lo que dicen los bancos no puedo contarles nada claro, porque tengo versiones contradictorias. Por un lado aseguran que los casos de ejecución son muy pocos, irrelevantes en número, porque siempre negocian para no desahuciar a la gente. Y por otro advierten de que si se aprobara la dación en pago, por ejemplo, y más si fuera con carácter retroactivo, el sistema financiero se vendría abajo. ¿En qué quedamos?

Regusto agridulce

De todo este dramático episodio queda un regusto agridulce. Agrio por todo el sufrimiento provocado y por la decepción de comprobar que la política no haya servido para mejorar la vida de las personas en algo tan concreto y fundamental. Y dulce porque por fin una institución europea, el Tribunal de Luxemburgo, va a permitir recuperar la esperanza a quienes cada mañana se levantan con la incertidumbre de saber cuánto tiempo podrán dormir bajo el mismo techo.