Cariño privado, deslealtad municipal

A la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau lo que más le disgustó de la información sobre los 81 millones que volaron de la partida destinada a guarderías municipales para aterrizar en la de conciertos educativos fue la utilización del concepto «desvío». Ella sugiere que se «administró de forma diferente el dinero que había». Y tan diferente. Pero es más exacto desvío, porque desviar es «apartar una cosa de la posición normal». Y lo normal es que el dinero presupuestado para la escolarización de los niños y las niñas de 0 a 3 años no se moviera de su sitio, salvo para transferirse a los ayuntamientos. Pero no fue así.

En una situación económica delicada, agravada por la desaparición de los 70 millones que debían llegar de Madrid, en el momento de tomar decisiones sobre prioridades (o sea gobernar), Ensenyament decidió abandonar a las guarderías municipales a su suerte y asegurar el cobro de las nóminas de las escuelas privadas concertadas, extremo al que tienen todo el derecho, naturalmente. Enfrentar dos prioridades de obligado cumplimiento y decantarse por una, es sencillamente una decisión política; pero no es inocua y mucho más tratándose de la escuela y de la relación del sistema público y privado. Tiene su lectura y sus consecuencias. Y sus precedentes.

La delicadeza con la que el gobierno de CiU de la época y el actual de Junts pel Sí tratan a la escuela concertada es proverbial e ideológica, solo comparable al trato que recibe la escuela religiosa. Y en este caso, además, privilegiada. La escolarización de 0 a 3 años no será obligatoria, pero es competencia de la Generalitat que no puede dejar de atenderse alegando escasez de recursos. Y mucho menos cuando estos han sido ya asignados en el presupuesto.

Las diputaciones pagan

Defraudar la justa expectativa creada en los ayuntamientos es grave, pero también es injusto por el sentido implícito en el cambio de destino a la partida de los conciertos educativos, que, de ser imprescindibles (que lo son, por la insuficiencia de la red pública), deberían estar perfectamente dotados.

El cariño del que goza la escuela privada concertada en este país contrasta con la deslealtad institucional de la Generalitat para con los ayuntamientos, clamorosa en el caso de las guarderías municipales. Tanto en el planteamiento de la disyuntiva, dando prioridad a la concertada, como en la solución: haciendo pagar a las diputaciones, que son administraciones locales de segundo grado y cuyos recursos económicos están destinados mayoritariamente a ayudar a los ayuntamientos de su provincia.

La Generalitat consiguió la complicidad de las corporaciones provinciales para financiar su déficit y su decisión antimunicipalista con dinero que ya correspondía a los municipios por definición. Una maniobra perfecta para los intereses del departamento que se beneficia del sentido de la responsabilidad de los ayuntamientos, atrapados por la presión de las familias para mantener abiertas las guarderías.