La cara oculta de la economía digital

Uber no es una plataforma tecnológica de intercambio de servicios entre usuarios como argumentaba la empresa, es una compañía de transporte y debe estar sometida a la misma exigencia de licencias y autorizaciones que los taxis o las compañías de choferes. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) es de gran trascendencia porque sienta un precedente en la regulación futura de las plataformas digitales que han crecido de forma exponencial a nivel global sin que los Estados o las administraciones locales hayan tenido tiempo material de digerir el fenómeno. 

La telefononía fija tardó 75 años en alcanzar a 100 millones de personas. WhatsApp rebasó esos 100 millones de usuarios en tres años y medio. La digitalización avanza a un ritmo tan frenético que los usuarios de un servicio pueden llegar a sumar millones en menos de un año y llevar a la ruina a sectores tradicionales que dejan de ser utilizados (recordemos el ejemplo de los mensajes de SMS) de la noche a la mañana. Y el crecimiento viene dado precisamente de la percepción que tienen los clientes de que estos servicios son útiles, les mejoran la vida o les reportan unos ingresos adicionales. 

Las empresas como Uber o Airbnb se aferran a este argumento, que puede ser perverso, para reivindicar su derecho a operar libremente sin barreras en ciudades y Estados. Y tienen todo el derecho a hacerlo, no es de recibo poner puertas al campo a la entrada de nuevos operadores en la economía si cumplen las normas. Y es en la definición de cual es su naturaleza donde está la trampa. Uber y Airbnb argumentan que son plataformas cuya tecnología permite que los usuarios intercambien servicios de los que ellas no se hacen responsables. Europa considera ahora que no solo son proveedores de la tecnología, si no que son responsables de toda la cadena de negocio.

La sentencia de Uber es tan solo la punta del iceberg de todos los conflictos que se deberán dirimir en el ámbito de la economía colaborativa y las plataformas digitales. Uno de los que está tomando fuerza son los conflictos laborales que se ocultan detrás de empresas de comercio electrónico o de transporte como Amazon, Deliveroo o Glovo. 

En Gran Bretaña empieza a haber un fuerte movimiento de protesta organizado por empleados de estas firmas que denuncian el incumplimiento sistemático de la legislación laboral. Una comisión de diputados del Parlamento británico ha considerado que los contratos que Amazon y Uber hacen firmar a sus transportistas son abusivos porque les obliga a declarar que no reclamarán una relación contractual. Las empresas argumentan a su favor que son trabajos pensados para jóvenes (repartidores en moto o bicicleta) para lograr pequeños ingresos compatibles con sus estudios. 

La economía digital ha venido para quedarse. Pero lo que es bueno para el usuario no siempre lo es para el trabajador o para la sociedad en su conjunto. El círculo se cierra en armonía cuando además de satisfacer al cliente, el trabajador tiene un trabajo digno y el Estado recauda impuestos.