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Camps, al banquillo

 La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

Si el titular de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, no se declara culpable y pacta con la fiscalía, se convertirá en el segundo presidente de una comunidad autónoma juzgado por un caso de corrupción. Solo hay un precedente, el del expresidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado en 1994 a prisión e inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.

El caso de Hormaechea era más grave, pero era individual, y ahora son los dos máximos cargos de la Generalitat y del PP valencianos los que se sentarán en el banquillo después de que el juez instructor del llamadocaso de los trajes dictara apertura de juicio oral.

El auto afirma que el objetivo de quienes regalaban era «ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas». El delito, cohecho pasivo impropio continuado, conlleva en el caso de Camps una pena de multa. Francisco Correa y las empresas de latrama Gürtelestaban interesados «en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat valenciana», pero el auto no ve una relación de causa-efecto porque, en ese caso el delito sería de cohecho propio, mucho más grave. La acusación popular, ejercida por los socialistas, sí que relaciona regalos y contratos, y pide tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.

Durante dos años, Camps ha negado que le regalasen trajes, aunque en la última comparecencia su abogado admitió la posibilidad de haberlos recibido, pero como presidente del PP. El magistrado desmonta esta teoría asegurando que es imposible separar ambas actividades, presidente de la Generalitat y del PP.

El juicio -con jurado popular- de Camps plantea un grave problema a Mariano Rajoy porque, si Zapatero adelanta las elecciones, puede coincidir con la campaña electoral. Y, aunque no coincida, Rajoy no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el PP pide dimisiones de sus adversarios políticos un día sí y otro también. Si un político no dimite cuando va a ser juzgado, ¿dónde quedan las promesas de limpieza, los códigos éticos y la regeneración democrática? La dimisión es la única salida porque, pese a lo que diga el Gobierno valenciano, los votos no absuelven de los presuntos delitos.