Editorial

Cambio de reglas en los cursos de formación

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El Gobierno central ha decidido recurrir a la vía del decreto-ley para aprobar en breve la reforma del sistema de formación de trabajadores -tanto de parados, para su reinserción, como los que tienen empleo, para su reciclaje-, que este año cuenta con unos recursos de más de 2.000 millones. Desde hace años el sistema se sustentaba sobre una comisión tripartita -Gobierno, sindicatos y patronal-, que adjudicaba cursos y repartía unos fondos que tenían como principales gestores y beneficiarios a los agentes sociales. No hay que hurgar mucho para recordar la cantidad de casos de corrupción e irregularidades que la gestión de estos millonarios recursos -muchos procedentes de la UE- ha provocado a lo largo de los años, desde el 'caso Pallerols' 

Las partes coinciden en que es necesario un cambio, pero no se ha llegado al deseado consenso. Con la fórmula que aprobará el Ejecutivo, y a la espera del reglamento que lo desarrolle, el campo se abre a muchos más actores. Empresarios y sindicatos podrán concurrir también pero verán reducida una gran fuente de recursos. Se trata ahora de ejercer un mayor control sobre todo el proceso, a cargo de inspectores de Trabajo. No puede aplaudirse el recurso al decreto, de lo que este Gobierno ha abusado en la legislatura, pero hay que saludar el desbloqueo del problema. Pese a ello hay una cuestión no secundaria: si todo el proceso va estar controlado por el Gobierno, habrá que prever los mecanismos de control sobre el propio Gobierno.