Bucaneros y filibusteros en el Parlament

El día más histórico del Parlament, hasta la fecha, debía ser una jornada solemne, pero se truncó en una de las sesiones más aciagas para el parlamentarismo democrático y la imagen de la política catalana. En la cámara se libró una batalla sin cuartel de los 'bucaneros' (así bautizó Joan Coscubiela a la mayoría parlamentaria) contra los 'filibusteros' (la oposición, según Marta Rovira), con la democracia como arma arrojadiza y los derechos de los diputados como botín de guerra.

Los 'bucaneros' impusieron el rodillo parlamentario y su método abreviado para aprobar la ley del referéndum de autodeterminación. Para ello, exprimieron al máximo el reglamento para hurtar el debate propio de cualquier proposición de ley (incluso renunciaron a la defensa inicial del texto), se eximieron de la consulta al incómodo Consell de Garanties Estatutàries, forzaron la publicación del texto de la ley en el diario del Parlament en contra del criterio de la secretaría general. Su justificación fue un canto al mal menor: lo hacemos (democráticamente) mal porque la oposición y el Gobierno de Rajoy no nos han dejado otra salida.

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Los 'filibusteros' alzaron la bandera de los derechos de los diputados, en realidad los derechos de los ciudadanos a los que representan, y clamaron al cielo por el absolutismo demostrado por la mayoría parlamentaria al negarles el debate apropiado a una ley tan trascendente. Los formalismos democráticos del parlamentarismo, argumentaron, son lo garantía que permite diferenciar una ley democrática de un acto arbitrario.

Recurso de amparo ante el TC

La sombra de la depreciación del Parlament cubrió el hemiciclo, hasta el punto de que el portavoz de Catalunya Sí que es Pot habló de deslegitimación del Parlament. Su compañero de grupo, Dante Fachin, obtuvo el aplauso de la CUP al decir lo contrario: a la gente no le importa el reglamento.

La actuación de la presidenta de la cámara no ayudó en nada, más bien colaboró a aumentar el surrealismo de la sesión al forzar votaciones que dejaron a diputados sin poder votar, como al no adscrito Germà Gordó. A Carme Forcadell le va más la épica de la calle y da la impresión de que las formalidades reglamentarias le suponen un engorro que soporta solamente por imperativo del cargo; personifica la precipitación que aqueja a la mayoría. Para recordarle sus obligaciones de defensora de los derechos de todos los diputados, Miquel Iceta presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La dinámica exhibida este miércoles en el Parlament (minidebate para una ley trascendente, desautorización del secretario general, marginación del Consell de Garanties, limitación de las facultades de los diputados, desprecio a los informes jurídicos que no convienen a la mayoría y abandono final del hemiciclo de tres grupos de la oposición) anuncia un final de legislatura con el predominio de las malas maneras. El Estatut (lo que quedaba tras la sentencia del TC) ya ha sido derogado en la práctica con la aprobación de la ley del Referéndum. A este Parlament, le quedan cuatro días.