El lenguaje de la Comisión Europea, como el del BCE, es excesivamente alambicado, lo que obliga a una lectura muy atenta para entender qué está diciendo y cuánta ambigüedad real hay en cada mensaje. El de ayer tiene una lectura positiva para los intereses de España. De un lado, Bruselas abre la puerta a la ampliación del plazo de reducción del déficit público en un año y solo para España, aunque es «factible» que también se le permita a Francia. Es un respiro en la buena dirección para que los recortes no contribuyan más a la contracción de la economía.

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Información publicada en la página 10 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 31 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Por otra parte, la Unión Europea ha señalado cuál es el camino para la recapitalización de la banca española. Habida cuenta de que la vara de medir que se ha aplicado a Bankia será la misma con la que se auditen los demás bancos, es seguro que deberán hacer nuevas provisiones -por tercera vez en un año- y que no todos ellos tendrán recursos para hacerlo sin ayuda. Lo que dice Bruselas es que la vía es un préstamo del fondo de estabilidad europeo al propio Gobierno para que este lo entregue a la entidad en cuestión. Lo que no podrá hacer es inyectarle deuda para que luego el banco avale con ella un préstamo del Banco Central Europeo. El Gobierno español dice que nunca lo ha pedido al BCE, y este asegura también que no se ha negado. Mariano Rajoy tampoco ha pedido una prórroga para el 3% de déficit en el 2013 y acaban de dársela. A pesar de que inicialmente estas noticias actuaron como un bálsamo sobre la bolsa y la deuda, la apertura en negativo de Wall Street

-preocupado por la banca española- volvía a cambiar las cosas.

En Madrid se producía también una buena nueva: la escenificación en el Congreso de los Diputados de lo que podría ser una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno conservador y la oposición socialista. Rajoy y Ru-

balcaba parecen dispuestos a consensuar un discurso ante Europa. Nos va a hacer falta, porque Bruselas abre un poco la mano a España, pero a cambio le pide más sacrificios: subir los impuestos indirectos para que pesen más que los directos, acelerar el calendario del retraso de la edad de jubilación y someter a un control más estricto el gasto de las autonomías, objeto de preocupación de las autoridades de la UE.