¡Bendita Bruselas!

¿Desde cuándo se puede considerar que una cláusula suelo en una hipoteca es abusiva? ¿Desde que se constituye el préstamo de la vivienda bajo esas condiciones contractuales o a partir de que un juez dicta una sentencia que obliga a revisarlo todo como sucedió con el fallo del Supremo español en el 2013?

La Comisión Europea cree que una cláusula abusiva lo es siempre, antes, después y durante. Un abuso es un abuso siempre, si no es que no era un abuso. Así de sencillo y así de demoledor para los bancos españoles, que si se ven finalmente obligados a devolver todo lo que han cobrado de más a sus clientes afrontarán una abultada factura que podría superar los 30.000 millones de euros. Y, ¡atención! Este no es el único varapalo que ha asestado Bruselas a España esta semana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a pronunciarse por enésima vez sobre la ley hipotecaria española y ha considerado que la reforma del 2013 que da un mes para recurrir un desahucio no garantiza el tiempo suficiente para que los afectados puedan reclamar de forma efectiva. Tendrá sus efectos, aunque los protagonistas (banca, Gobierno español y patronales bancarias) se afanaran a negarlo el mismo día.

El miedo a un tirón de orejas de Bruselas ha forzado también a que el Ministerio de Economía legislara sobre la comisión de los dos euros en los cajeros a los no clientes para frenar esta práctica que inició CaixaBank y fue rápidamente secundada por el Santander y el BBVA. La Unión Europea prohíbe cargar una doble comisión por un mismo servicio, pero la banca española se esfuerza en seguir interpretando la realidad a su manera. Ahora habrá que ver si los bancos españoles que han cobrado de más devuelven el dinero a los consumidores.

Y otra buena noticia que llega de Bruselas esta semana. El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a que el roaming, ese sobreprecio que cargan las teleoperadoras por dar servicio a los clientes fuera de su territorio, desaparezca como muy tarde en el 2017. !Ya era hora!

Ante la inacción de las autoridades españolas en materia de protección de los derechos de los consumidores cabría preguntarse a quién defienden la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el Banco de España y las diferentes administraciones públicas y reguladores. Es sabido que en España existen tan solo 35 grandes empresas cotizadas, que se corresponden en su mayoría a exmonopolios del Estado en los sectores financiero, energético, telecomunicaciones, aéreo y constructor con una fuerte dependencia del legislador y del regulador. Pues eso, que suerte que está Bruselas.