Nadie pone en duda a estas alturas que ni el Govern ni el Gobierno de España por sí solos podrán sacar a los catalanes y los españoles del callejón en el que nos encontramos. Tampoco parece que haya nadie con voluntad, más allá de la Unión Europea, de echar una mano a los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), tal como se ha venido denominando a las economías del sur de Europa. La denominación, sin embargo, estigmatiza solo al sur, cuando los problemas financieros pueden extenderse a Irlanda, Islandia y hasta cierto punto a Gran Bretaña. Esta estigmatización crea un círculo vicioso que da lugar a una profecía autorrealizada.

LEONARD BEARD

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 14 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El panorama se complica porque las reglas de la UE establecidas en el Tratado de Maastricht impiden al Banco Central Europeo financiar las deudas de los estados miembros. Esto los obliga a buscar financiación en mercados que funcionan por rumores y especulación de las agencias de calificación, castigando a los PIGS por su mala prensa y beneficiando a los estados fuertes de la Unión.

Los dirigentes de nuestro país no dan soluciones porque las medidas que se deben tomar necesitan de un alto grado de coraje. Lo que sí hacen es polemizar sobre declaraciones entroncando una discusión ajena a lo que esperamos los ciudadanos. Las posibles soluciones, a falta de testar sus resultados e impactos, no son, por ahora, ninguna novedad: unión bancaria y fiscal, eurobonos, reforma del BCE o el refuerzo de las competencias de control y gestión económica de la Comisión y el Parlamento europeos. Si bien las soluciones solo se apuntan, cada una de ellas es objeto de polémica entre los socios de la UE, precisamente porque ya no se trata de cuestiones técnicas sino de opciones políticas que necesitan un consenso. Es evidente que el ministro y el conseller de Economía español y catalán no pueden por sí solos impulsar las reformas necesarias sin la Comisión Europea y cierto visto bueno del FMI. Ahora bien, la dinámica de estas instituciones no genera confianza, dada su larga tradición en las soluciones de crisis de deuda, basadas en el universalismo del Consenso de Washington.

Son interesantes las reflexiones que hace el colectivo Économistes atterrés, que no pretende constituir un programa económico alternativo, pero sí protestar por lo que denomina «la ortodoxia neoliberal». Desde su punto de vista, si bien una refundación del capitalismo no sería necesaria, es imprescindible una reforma a fondo. Ataca contundentemente la lógica de los mercados financieros, que en lugar de facilitar el funcionamiento del sistema provoca disfunciones, y propone medidas orientadas al crecimiento económico. El libro del colectivo, Europa al borde del abismo, apunta, por ejemplo, la reforma del Tratado de Lisboa, sobre la que parece que sí hay consenso. Esta reforma reduciría la presión de los mercados y fundamentaría un sistema de verdadera solidaridad entre los países europeos. Yendo más al detalle, propone, en primer lugar, legislar a favor de la recompra de deuda soberana por el BCE -algo que ahora ya está en marcha-; en segundo lugar, trasladar el coste de la recesión y las pérdidas de los bancos a sus accionistas y particulares más acomodados; en tercer lugar, desarmar la especulación que hace objeto de su diana a los PIGS tasando cierto tipo de transacciones financieras; y en último lugar, instaurar un espíritu cooperativo entre las políticas económicas europeas, presionando a Alemania para que aumente los salarios y las prestaciones sociales.

También explica de una manera inteligible qué pasó en Islandia. En el momento en que los gobiernos inglés y holandés tenían ya cerrado el acuerdo que dejaba a Islandia en proceso de no retorno, los ciudadanos tumbaron, en dos referendos, el loan agreement, un instrumento jurídico que, entre otras cosas, hipotecaba el futuro del país a través del retorno a los inversores ingleses y holandeses del dinero que habían perdido en Islandia (en el banco Icesave), en pagos trimestrales al 5,5%. Un pacto, que como sucede rescate tras rescate en Europa, pretendía socializar las pérdidas mientras se privatizan las ganancias. La reacción ciudadana evitó lo que hubiera sido una indecente operación financiera. Los hechos de Islandia también fueron expuestos en un acto de la Fundació Catalunya-Europa en la presentación del libro Buenas prácticas en transparencia administrativa y buen gobierno.

Este ejemplo, sin embargo, no se ha repetido con otras entidades en el resto de países europeos que han visto peligrar su sistema bancario. ¿Podemos esperar una reacción similar en España? Pienso que no. Pero los ciudadanos también somos responsables del futuro del país. Si no lo exigimos así, nosotros y las oligarquías empresariales y políticas seguiremos aumentando las grietas que nos separan. Al fin y al cabo, el dinero que necesitan estas entidades son de todos. Hace falta más que nunca transparencia y un Gobierno con coraje. Hollande y las medidas que ha tomado desde que llegó al poder pueden ser un ejemplo.

Director de la Fundació Catalunya-Europa.