Barcelona, el TTIP y el TPP

El pasado lunes 5 de octubre 12 países de la Cuenca del Pacífico concluyeron las negociaciones para poner en marcha el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido por sus siglas en ingles TPP. Es un acuerdo muy amplio que cubre una treintena de capítulos que van desde el desarme arancelario hasta mecanismos de solución de diferencias y que cubre aspectos como la armonización de normas técnicas entre los países que lo han negociado: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canada, México, Perú y Chile, y que representan el 40% de la economía mundial.

Llegar a concluir el acuerdo ha necesitado de cinco años y de dura batalla entre las administraciones y algunas ONG y grupos antisistema que temían que el acuerdo final cercenara derechos laborales en algunos de los países teniendo en cuenta el poco nivel de protección social en otros. El presidente de EEUU Barack Obama ha mostrado su confianza en que el proceso parlamentario ratificatorio pueda acabar satisfactoriamente antes de que acabe su mandato en la Casa Blanca, a finales del año 2016.

En Europa estamos en el mismo debate sobre las ventajas o los inconvenientes que podrían derivarse de la conclusión del cuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP. El TTIP cubriría 800 millones de habitantes: 500 de los 28 estados miembros de la UE y 300 de Estados Unidos que vienen a suponer el 56% de la economía global. El TTIP es muy parecido, en su concepción, al TPP que se acaba de concluir pues se propone la eliminación progresiva de los ya bajos aranceles, la armonización de estándares de uno y otro lado del Atlántico coordinando normas técnicas y mecanismos de inspección y normas medioambientales, por solo citar una parte de su treintena de capítulos en negociación desde el 2013 y que ha pasado ya por una decena de sesiones de negociación.

OPOSICIÓN EUROPEA

En Europa se ha producido una amplia oposición al TTIP por parte de grupos activistas antisistema europeos, por grupos de izquierda y por grupos antinorteamericanos que denuncian que el acuerdo se está negociando en secreto para evitar que la gente se entere de lo que están cociendo los negociadores. Por si esto fuera poco, ha sido necesario ir con pies de plomo a la hora de ir avanzando en las negociaciones sobre librecambio agrícola y supresión de subvenciones distorsionadoras del librecambio. Al mismo tiempo la Comisión Europea ha abierto una amplia información y se ha comprometido a respetar los estándares sociales y medioambientales europeos, así como a matizar la cuestión de las privatizaciones y la espinosa cuestión de la creación de un macanismo de solución de diferencias entre empresas y poderes públicos ante la queja de ciertos sectores de la sociedad europea de que esto representa entregar el poder de decisión a las «multinacionales».

Con todo ello la negociación ha ido sufriendo numerosos retrasos, lo cual ha hecho que Estados Unidos pudiera concluir primero su acuerdo transpacífico, lo cual no es bueno si pensamos que Europa está perdiendo puntos en el comercio mundial y que impulsar el comercio EEUU-Europa con el TTIP permitiría equilibrar el acuerdo transpacífico, ahora recién concluido y firmado.

Una vez señalado todo esto, a lo que me quiero referir ahora explícitamente es a la declaración del Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona del 2 de octubre oponiéndose a la conclusión del TTIP con los votos favorables de los grupos Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP, con la abstención del PSC y de CiU. La nota de prensa divulgada por el propio consistorio barcelonés dice que con esa declaración el ayuntamiento se adhiere a la campaña 'Catalunya no al TTIP' impulsada por la Xarxa d’Economia Solidària, la plataforma Aigua és Vida, la Federación de Asociaciones de Vecinos, UGT, CCOO, el Consell de la Joventut de Catalunya y la Intersindical Alternativa de Catalunya.

Con ello, el ayuntamiento se apunta al movimiento seguido por varios grupos de la izquierda europea e, incluso, por grupos de izquierdas en el Parlamento Europeo. El problema, aquí, es que de nuevo estamos en una situación curiosa en que una institución que nos representa a todos se mete en cuestiones que no pertenecen a su ámbito competencial. Un ayuntamiento está para resolver servicios públicos municipales y las opciones de futuro de la ciudad y no para pontificar sobre un acuerdo cuyos protagonistas son los estados.