El cambio de población en Barcelona, cuando la cifra de residentes extranjeros se ha estancado en torno a los 282.000, exigía otra política inmigratoria. Las estadísticas reflejan la vocación de quedarse de los inmigrantes, muchos de los cuales han echado raíces con matrimonios mixtos y con hijos. Bajo esta nueva realidad, el ayuntamiento de la capital catalana presentó ayer el Plan de Inmigración 2012-2015, que contó con el apoyo de todas las formaciones representadas en el consistorio con la excepción del Partido Popular. El alcalde, el convergente Xavier Trias, marcó una de las fronteras en las que el PP se queda en un lado y el resto de partidos, en otro: la exigencia de 10 años de residencia en la ciudad para poder acceder a una vivienda social.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 31 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

En el rechazo del alcalde a esta medida reclamada por el PP está la filosofía de la nueva hoja de ruta para los extranjeros: son ya parte de Barcelona y tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Con este nuevo trato también se influye en la mirada de las personas oriundas hacia los extranjeros. Estos ya no son solo una fuerza de trabajo. Por eso, el plan aloja también en las escuelas y en las AMPAS el trabajo de integración y de socialización cultural y lingüística. Pero no se puede olvidar que aún existen situaciones en las que los inmigrantes sobreviven sin que se respeten sus derechos más elementales. Ellos también son parte de Barcelona.