El Periódico

Declaración institucional del ayuntamiento

David Bondia Garcia

Profesor titular de Derecho internacional públic (UB) y presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya

Barcelona y los derechos del pueblo palestino

La resolución municipal refleja el compromiso de la sociedad civil barcelonesa con la dignidad de una comunidad oprimida

Barcelona y los derechos del pueblo palestino

JOAN CAÑETE BAYLE

Niños palestinos en la inauguracion del Barcelona Peace Park en la ciudad de Gaza.

Miércoles, 19 de abril del 2017 - 19:00 CEST

Que desde el ayuntamiento de Barcelona se apruebe una resolución en defensa del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino no puede ser más que motivo de satisfacción. Satisfacción por un trabajo 'legalmente' bien hecho –sea cual sea el color de su gobierno o del grupo municipal que impulse este pronunciamiento-. Entiendo que cuando un ámbito institucional municipal se posiciona, en materia de derechos humanos, junto a los oprimidos y abandona cualquier neutralidad –que no objetividad- que lo acabaría convirtiendo en cómplice del opresor, gana legitimidad en la defensa de los derechos de las personas, de aquí y de todas partes.

Es en este contexto que esta resolución de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, y Seguridad y Prevención pretende hacer efectivo el compromiso de la sociedad civil barcelonesa y de su ayuntamiento con la dignidad de un pueblo, como es el palestino, que ha visto a lo largo de los años cómo las sistemáticas violaciones de los derechos humanos –'apartheid', crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad- son el pan de cada día, ante el silencio y la complicidad de gran parte de las instituciones nacionales e internacionales.

OCUPACIÓN Y EXPOLIO

Así, el ayuntamiento de Barcelona, entre otras medidas, condena el régimen de ocupación israelí y el expolio del territorio palestino, pide la finalización de los asentamientos, solicita el fin inmediato del bloqueo ilegal de Gaza, insta a adoptar medidas de presión contra las firmas comerciales que violan su obligación empresarial de respetar el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos.

También, entre otras instituciones, emplaza a la Generalitat, por una parte, a impulsar con las autoridades locales y federaciones de municipios de Catalunya criterios de compra pública y cláusulas específicas en las condiciones de contratación para que las empresas respeten los derechos humanos y, por otra parte, a iniciar los trabajos para crear y desplegar un centro de estudio y de evaluación sobre los impactos en materia de derechos humanos de las empresas catalanas con inversiones al exterior.

La implementación de estas medidas tendrá que estar supervisada por organizaciones ciudadanas y observadores independientes

Como no podía ser de otra forma, la implementación de estas medidas tendrá que estar supervisada por organizaciones de la sociedad civil y observatorios independientes, puesto que son estos los que han impulsado, desde hace tiempo, iniciativas y campañas no violentas para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario del pueblo palestino, como es el caso del BDS. Campaña a la que no hace referencia expresamente la resolución, entiendo que para no herir determinadas susceptibilidades políticas o para adoptar un lenguaje hasta cierto punto demasiado institucional.

LA CARTA EUROPEA

¿Puede una ciudad posicionarse en este sentido? No solo puede, sino que tiene que hacerlo puesto que el fundamento jurídico de este pronunciamiento, como ha hecho el ayuntamiento de Barcelona, se encuentra en diferentes normas jurídicas internacionales y, a nivel municipal, en la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad, que, a pesar de no aparecer mencionada expresamente en la resolución, es concebida como primera regla vinculante de la ciudad.

Por ser más desconocido, me centraré en este último texto, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona, en primer lugar, ha seguido las indicaciones de su preámbulo donde se establece que "ante la crisis que arrasa la democracia delegada en el ámbito de los Estados nacionales y la inquietud que provocan las democracias europeas, la ciudad aparece como el recurso a un nuevo espacio político y socia". Este espacio político y social implica hacer efectivo el deber de solidaridad internacional hacía el pueblo palestino y la responsabilidad que comporta la cooperación municipal internacional hacia a colectivos sistemáticamente vulnerabilizados.

CONTRATOS MUNICIPALES

Y en segundo lugar, el ayuntamiento de Barcelona, como establece la disposición final tercera, hace efectivo "el carácter de derecho imperativo general de los derechos enunciados en esta Carta" y se compromete "a rechazar o denunciar cualquier acto jurídico, en particular cualquier contrato municipal, las consecuencias del cual serían un obstáculo para el cumplimiento de los derechos reconocidos o serían contrarias a su realización, y a actuar de forma que los otros sujetos de derecho reconozcan así el valor jurídico de estos derechos". Disposición que emite un claro mensaje sobre la ilegalidad de los contratos municipales y de las actuaciones de las empresas privadas con entidades que apoyan al régimen de 'apartheid' del Estado de Israel contra el pueblo palestino.

Finalmente, entiendo que esta declaración institucional tiene un peligro y una clara crítica. Después del gran paso hecho por el consistorio municipal, el peligro es que se quede en nada si no se vela por la real efectividad de los compromisos adoptados. Y la crítica consiste al señalar una cierta falta de coraje político, que deja el trabajo a medio acabar, puesto que después de todos estos compromisos municipales con materia de derechos humanos y de defensa de la dignidad del pueblo palestino no se acaba de entender que no se produzca ahora la rotura definitiva del acuerdo de hermanamiento con la ciudad israelí de Tel Aviv.