El Gobierno ha puesto en marcha la segunda reforma financiera que tiene por objetivo sanear el sector y reactivar el crédito, el mismo que tenía la primera, la que puso en marcha el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Esta edición es mucho más decidida y ambiciosa que la anterior, por lo que cabe esperar que también sea más productiva. El decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros obliga a que las entidades hagan unas provisiones muy importantes en función de sus riesgos inmobiliarios, especialmente en los solares que han tenido que adjudicarse por impago de los promotores. Esas obligaciones constituyen una verdadera línea roja entre los bancos que gozan de buena salud y los que necesitan ayuda, que tendrán que integrarse en otros si quieren recibir apoyo público.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 04 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha promovido una normativa realmente dura, aunque se trata de una dureza justificada. La banca española perdió la confianza de los mercados de capitales por su opacidad en la exposición al ladrillo. A pesar de que era la más y mejor regulada de Europa, su falta de transparencia en esta cuestión levantó enseguida las suspicacias de todo el mundo. Una vez se puso en marcha el primer plan de reforma, con la intervención del dinero público del FROB, la banca española volvió a demostrar su alergia a los focos. El propio Banco de España ha informado ahora de que el cumplimiento de la directiva europea sobre sueldos de los directivos de entidades subvencionadas ha sido «medio o bajo». Por eso, el decreto ley de ayer limita las retribuciones de los ejecutivos y los consejeros de los bancos que han recibido ayudas. Está claro que si no les obligan, no cumplen, aunque luego exijan reformas drásticas, sobre todo -en lo que es el colmo del cinismo- en los sueldos y las indemnizaciones por despido.

Habrá que esperar algún tiempo para ver si estas medidas consiguen los resultados que persiguen, básicamente, que fluya el crédito hasta las empresas y las familias y que los bancos, una vez provisionadas las pérdidas reales de los activos inmobiliarios, pongan a la venta sus viviendas a precios más bajos. Quizá entonces vuelva la demanda solvente que tanto añoran las grandes entidades.