Avance en la financiación autonómica

La financiación de las comunidades autónomas es uno de los asuntos más polémicos y espinosos de la política española, una suerte de imposible cuadratura del círculo en la que hay muchos intereses cruzados y en la que es fácil recurrir al agravio comparativo. La reunión, ayer, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue un ejemplo de todo eso. El encuentro estuvo dedicado al debate de la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de financiar a interés cero, y con efectos retroactivos desde el 2012, la deuda contraída por las comunidades con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores (PPP). Lo que traducido a euros significa que las autonomías se ahorrarán el año próximo 4.800 millones, a los que habrá que añadir otros 2.000 por la asunción, por la Administración central, de la devolución del céntimo sanitario a que obliga la UE.

La propuesta, sin embargo, ha causado una importante división, porque las comunidades que estos últimos años han cumplido con los objetivos de déficit (con Madrid, del PP, a la cabeza) entienden que se premia a las que no los han cumplido (y en lugar destacado, Catalunya, que ha acaparado el 35% del auxilio del Estado), por lo que se sienten injustamente tratadas. Es un análisis legítimo, pero que no puede ocultar el escenario de fondo: el irresuelto problema de la financiación autonómica en España, que en el caso de Catalunya explica en buena medida el malestar de los últimos años y el auge del soberanismo. Es pronto para saber si el paso que da ahora Montoro -y que el Consejo de Ministros oficializará este viernes- se inscribe en una estrategia del Gobierno central para mejorar las relaciones con Catalunya, pero la positiva impresión que el conseller Mas-Colell obtuvo de la reunión de ayer es, como mínimo, un indicio de que se está en una dirección que no es incorrecta.

Pero problema catalán al margen, no cabe llevarse a engaño: el reparto más equilibrado del gasto público en España es una asignatura pendiente que exige lealtad institucional a las distintas administraciones, y la central en primer lugar. El Gobierno puede permitirse ahora aparecer como dadivoso, pero debe ofrecer a las comunidades un nuevo marco que combine autonomía, responsabilidad y justa distribución de cargas. Todo un reto.