Autoexcluirse no es la solución

El Parlament ha decidido no ejercer el derecho de propuesta para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. El Senado elegirá a cuatro personas para sustituir a tres magistrados que han agotado su mandato y cubrir una vacante por defunción. El procedimiento prevé que las candidaturas vienen de los parlamentos de las comunidades autónomas (cada uno puede proponer hasta dos personas) y el pleno del Senado tiene que escoger entre todas ellas en una votación que requiere el apoyo del 3/5 partes del pleno.

Nuestro Parlament tiene, pues, el derecho de proponer nombres, y hacerlo en nombre de Catalunya. Pero no. La mayoría independentista ha impuesto la decisión de autoexcluirnos. No habrá candidatos catalanes. Esto no impedirá la elección de los nuevos magistrados constitucionales, ni afectará formalmente al funcionamiento de esta institución. Pero significa renunciar a nuestra capacidad de influir en la construcción de la doctrina constitucional y también la voluntad de automarginarse del funcionamiento de una de las instituciones más importantes del Estado.

UN TRIBUNAL QUE EJERCE DE ÁRBITRO

El Parlament ha hecho uso hasta ahora de esta facultad y como consecuencia el TC ha contado con juristas de primerísimo nivel que han aportado conocimiento, sensibilidad y experiencia. Claro, se incorporan al TC para ejercer su función de manera independiente, sin estar sujetos a mandato imperativo ni de los órganos que los proponen, ni de los órganos que los eligen. Es lo que corresponde a un tribunal que debe ejercer de árbitro. ¿Debemos renunciar a proponer nombres simplemente para escenificar la confrontación? ¿Alguien puede ver alguna utilidad en ello?

No consigo verla. Creo que es una decisión irresponsable, que nos sitúa más cerca de la irrelevancia y el ridículo y que no contribuye a crear las condiciones de una solución positiva. Es un gesto cara a la galería, como el de no participar en la Conferencia de presidentes.

A menudo hay razones para discrepar de las actuaciones del TC. Yo mismo manifesté públicamente mi profunda discrepancia con la sentencia de 2010 sobre el Estatut. Pero esta no es, en mi opinión, la cuestión. Lo que se quiere expresar con esta pintoresca decisión es la 'desconexión'. Es el colofón, que puede verse lógico, de una colección de declaraciones, manifiestos y proclamas que pregonan la voluntad de no considerar la autoridad del árbitro ni tener en cuenta sus atribuciones. Con la flagrante contradicción, hay que decirlo, de la sistemática presentación de recursos o requerimientos ante el propio Tribunal Constitucional cuando se considera que el Gobierno invade competencias.

Creo que es una política equivocada. No aporta nada positivo y solo sirve para hacer un poco más de ruido. Con gestos y declaraciones no vamos a ninguna parte.