Editorial

El auge de la piratería en internet

El castigo a los ladrones en la red debe ir acompañado de una educación social sobre los males que supone el fraude

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El informe sobre descargas ilegales en internet durante el 2014 que acaba de hacer público la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos presenta unos datos escandalosos. El 88% de todos los contenidos digitales consumidos por los españoles durante el año pasado lo fueron de forma ilegal, mientras que el porcentaje de infractores pasó del 51% en el 2013 al 58%. En España se produjeron el año pasado 4.455 millones de accesos ilegales. Las empresas burladas dejaron de ingresar 1.700 millones y el Estado, otros 627 millones de euros. Cifras apabullantes que violan de forma flagrante los derechos de los autores y creadores de productos culturales que ya sufren la pesada carga del 21% del IVA. La suma de todo ello acerca de nuevo a España a la lista negra internacional de los grandes piratas digitales, donde ya estuvo condenada.

Ante un fenómeno con perfiles tan sombríos es preciso que el Gobierno actúe con mayor energía y sobre todo con más diligencia. No es de recibo que se tarden 1.000 días - tal como ha sido denunciado- en tramitar un expediente contra una página web ilegal. La lucha contra la ilegalidad pasa por la aplicación rigurosa de la nueva ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde enero, que permite duras multas contra los infractores y condenas elevadas, como la de seis años de cárcel que la Audiencia Nacional ha impuesto a los responsables de una web que ofrecía cientos de publicaciones europeas de forma tan gratuita como ilegal.

El castigo penal puede ser un medio de disuasión de los ladrones, pero quizá insuficiente. Sin perjuicio de sancionar las conductas más dañinas, los poderes públicos tienen la obligación paralela de invertir en educación social para combatir la creencia de que en el ciberespacio todo es gratis. En nuestra vida cotidiana, y analógica, no se pueden utilizar productos y servicios -incluidas las redes de telecomunicación- sin pagar un precio, porque eso llevaría a la ruina a empresas y trabajadores. Lo mismo sucede con los productos culturales o lúdicos digitales. Su uso pirata no solo es un robo, sino el modo más seguro de acabar con el futuro de músicos, escritores, cineastas y demás creadores que no podrán vivir de su trabajo. Internet es una puerta privilegiada a la libertad de contenidos, pero mantenerla abierta tiene un precio exigible por la ley.