ATLL, el litigio de nunca acabar

La concesión de la gestión privada de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) no ha abandonado la polémica desde que en la última legislatura el Gobierno de CiU diseñó la operación. De entrada, se trataba de conseguir por la concesión 1.000 millones -nominales, no efectivos- que figuraran como ingresos del 2012 para reducir el déficit de una Generalitat asfixiada. La operación, que privatizaba un servicio que abastece de agua a unos 4,5 millones de usuarios del área metropolitana y zonas colindantes, ha tenido la oposición -por diversas razones- de todo el arco parlamentario catalán. El caso se complicó cuando Agbar, la otra empresa que optaba a la concesión, denunció en el 2013 la irregularidad de la adjudicación al consorcio encabezado por Acciona (y ha ganado de momento en todas las instancias).

Ahora nos encontramos con algo que ya se temía. Las condiciones del contrato establecen una retribución financiera fija para la concesionaria del 9,33% durante los 50 años de vigencia, lo que implica que el margen de maniobra con el que cuenta el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para negociar una reducción de la tarifa del agua es muy limitado. Este margen, además, es muy alto en los 10 primeros años de la concesión. El intento de rebajar ahora un 0,7% el recibo (el primero en tres años) puede quedar reducido a un 0,2% por unas condiciones pactadas en un momento en que el capital privado exigía claras ventajas para invertir en el sector público y en que la Generalitat tenía una urgente necesidad de reducir déficit.

A la espera de que un nuevo Gobierno pueda recurrir las condiciones del contrato, se mantiene la oposición a la operación en sí misma. Por descontado, la CUP ya ha hecho de la reversión de esta privatización una de las cuestiones principales en las negociaciones con Junts pel Sí (JxS) para llegar a un pacto, que se supone debería investir a Artur Mas. Pero, además, la cuestión se complica por el hecho de que Esquerra ha abierto una grieta en JxS al mostrar su acuerdo con la CUP, mientras el candidato de Convergència Francesc Homs sostiene que la operación es irreversible. El 'caso ATLL', además del pleito jurídico, se ha convertido en una operación de discutible beneficio para el usuario y en un litigio político de difícil resolución. Decididamente, las prisas son malas consejeras.