Un 'asunto interno'

En relación al conflicto democrático entre el soberanismo catalán y el Estado, los diez mandamientos de la posición del Gobierno español se resumen en dos: las reivindicaciones del soberanismo son anticonstitucionales y se trata de un asunto estrictamente interno. Esta política miope no impide que la diplomacia española se vuelque en el intento de cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat.

Impuesto desdén y firmeza, Sáenz de Santamaría lo reconocía el pasado viernes. Pero las palabras de la vicepresidenta son de estricto consumo doméstico. En el escenario internacional, la torpe acción de la diplomacia española tiene dos efectos contraproducentes. Potencia la internacionalización del caso catalán y erosiona severamente el prestigio de España. La estrategia del Partido Popular de ignorar las formas democráticas del proceso soberanista catalán incomoda en Europa. El contraste con el precedente escocés es hiriente. Las cancillerías europeas solo podrán continuar haciendo ver que miran hacia otro lado si, efectivamente, el Gobierno español es capaz de encontrar una salida 'interna' democrática. No tienen ninguna razón para confiar en ella. La prórroga se acabará con el talante que demuestre el Gobierno que salga del 26-J.

El hecho de que en octubre del 2015 el Gobierno suizo se ofreciera a intermediar para solucionar el conflicto resulta bastante relevante. Como también lo es que a pesar del boicot del embajador de España en Suecia, el pasado martes Raül Romeva se pudiera reunir con el SIPRI (Stockholm Internacional Peace Research Intitute), uno de los centros de investigación de relaciones internacionales más prestigiosos del mundo. Guste o no, el bloqueo interno del conflicto democrático entre Catalunya y el Estado hará inevitable la intervención de actores externos y neutrales. Seguramente, antes de lo que algunos imaginan.