El artículo que no querría escribir
Hay que obviar las impugnaciones a la ley 24/2015 y fortalecer la respuesta a través de los reglamentos que deben desarrollarla
Teresa Crespo
Miembro de la junta directiva y de la vocalía de Pobreza de ECAS-Entitats Catalanes d’Acció Social.
TERESA CRESPO
Los hechos de estos últimos días me obligan a alzar la voz en nombre de las entidades que trabajan con los más débiles y vulnerables. Sin ser representante de las entidades que más pueden hablar, como lo son en este caso las que han luchado por la aprobación de la ILP que ha dado lugar a la ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, existe una sintonía que me permite hacer algunas reflexiones.
La acción del último Consejo de Ministros de un Gobierno en funciones de llevar al Tribunal Constitucional esta ley catalana es un acto inaceptable que evidencia una vez más una constante en la praxis de algunos políticos. No tienen en cuenta a las personas que sufren, ni el proceso que representó el gran número de firmas recogidas para impulsar esta ley, ni el consenso unánime que obtuvo en nuestro Parlament. Si ni siquiera ante unas elecciones se reacciona con medidas en favor de las personas, se muestra que existe una falta de ética en la política que desprecia el bien común y prioriza solo las acciones que puedan perjudicar al adversario o ser beneficiosas para uno mismo.
Me pregunto si los ciudadanos que pedimos justicia, equidad y derechos para todos podemos votar a partidos que sistemáticamente los están negando. Dentro de pocas semanas tenemos que volver a ejercer el derecho a voto, y no puedo olvidar las palabras de Nelson Mandela, que defendiendo a la gente que sufría decía lo siguiente: «Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan un Parlamento» (en un discurso pronunciado en Ushuaia en 1998). Creo que la ciudadanía debe exigir otro tipo de democracia y de gobierno: que dé de comer, que dé medicamentos, pero sobre todo que reconozca los derechos humanos más elementales, entre los que se encuentra la vivienda digna.
Responder a la confianza
El Parlament escuchó en el pleno sobre emergencia social del pasado mes de marzo una descripción de las problemáticas de la realidad actual y también algunas propuestas, entre las que hacíamos mención del derecho a una vivienda digna y a la garantía de los suministros básicos para todos como un elemento troncal de las políticas sociales. Pedíamos el imprescindible desarrollo de los reglamentos de esta ley, que permitan las medidas urgentes para afrontar las situaciones de emergencia. Creo que ahora es la hora de obviar las impugnaciones que nos llegan y fortalecer la respuesta a través de estos reglamentos aún no desarrollados. Las entidades sociales dijimos que dábamos un plazo para mantener la confianza y ver cómo se iban aplicando los acuerdos de ese debate. Ahora es el momento de demostrarlo y de actuar en beneficio de los más vulnerables y en defensa de sus derechos más elementales. Debemos evitar el continuo goteo de desahucios, que se ha reducido pero no terminado y que significa un permanente sufrimiento para las familias que se ven expulsadas de sus hogares.
Para terminar, quisiera afirmar que por encima de toda dialéctica política están las personas. Y las entidades estamos al lado de ellas, y pedimos al Govern de Catalunya que también se ponga a su lado y, como garante de sus derechos, tome las decisiones necesarias para que toda la ciudadanía pueda ver reconocidos estos derechos.
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