Cambalache en el Congreso

Tiene mucha gracia que el nuevo Partit Demòcrata Català, nacido del tortuoso proceso de refundación de CDC, que se declara independentista y republicano, se haya estrenado pactando a hurtadillas con el PP. Mientras Francesc Homs sigue jugando al despiste, el portavoz de los populares, Rafael Hernando, reconoció la existencia de un acuerdo implícito. El cambalache de votos sería a cambio de facilitarles el grupo parlamentario al que, con el reglamento en la mano, los nacionalistas no tienen ningún derecho. Se ha calculado que eso vale solo el primer año más de un millón y medio de euros, además de una visibilidad notoria en el pleno y las comisiones.

Por su parte, a los populares les interesaba amarrar la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso para pilotar una investidura que Mariano Rajoy no tiene garantizada. Digámoslo claro: en la Moncloa no se fían del Rey y temen que pueda abrir la puerta a Pedro Sánchez si Rajoy fracasa la primera vez. Por eso, les convenía cortar de raíz la posibilidad de que el PSOE les pudiera arrebatar en la segunda votación, aliándose con Podemos y otros grupos, un cargo tan relevante que puede influir en los tiempos de la investidura.

Eso sería una parte de la explicación pero deja sin resolver el porqué del apoyo convergente a las vicepresidencias de la Mesa cuando no era imprescindible. Para responder probablemente tenemos que acudir a la causa judicial por el proceso participativo del 9-N. A finales de junio pasado, el delito de malversación de caudales públicos, por el que los acusados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, podían afrontar penas de cárcel y sobre todo verse obligados a responder con su patrimonio personal, desapareció de la resolución que el juez Joan Manel Abril dictó poco antes de apartarse del caso para dedicarse a la presidencia del Tribunal Superior de Andorra. Ese delito se esfumó sin ninguna explicación cuando en la instrucción Abril lo había fundamentado muy bien junto al de desobediencia y prevaricación. La fiscalía podría recurrir, pero dicen que no está por la labor, atendiendo parece ser a instrucciones jerárquicas.

Homs también está encausado, aunque fue imputado posteriormente al descubrirse un informe firmado por él con un empresa en el que aseguraba que los trabajos informáticos para el 9-N contratados por la Generalitat no estaban afectados por la suspensión del Constitucional. Un caso de clara malversación de dinero público a sabiendas de su ilegalidad. Da la impresión que el líder nacionalista intenta ahora en Madrid hacer votos para que el Tribunal Supremo le acabe aplicando la misma doctrina benévola que ha tenido el TSJC con sus excompañeros del Govern. En resumen, PP y CDC vuelven a hablar en la intimidad. No para poner fin al “proceso” sino para practicar un lamentable cambalache en el Congreso.