Aranzadi contra Assange

Hace justo una semana que entramos en la dimensión desconocida. Nunca antes en democracia una parte del Estado se había revelado contra el todo. Nunca desde 1978 una institución como la Generalitat había desobedecido sistemáticamente las sentencias judiciales. Nunca en el Parlament se había violentado el reglamento hasta el límite de la asfixia de la oposición. Todos estos indicios anunciaban la llegada de las siete plagas de Egipto. La semana ha resultado movida, pero la vida ha seguido en las calles y en las plazas con total normalidad. Sobre todo con mucha más normalidad que en algunos rincones de las redes sociales y en la páginas del Boletín Oficial del Estado. Los comandos Assange a favor del independentismo y la brigada Aranzadi para perseguir la sedición son los que llevan el peso de esta pugna política que se libra en el escenario judicial. Muy subida de tono en esos escenarios virtuales y mucho menos virulenta en la realidad de la calle y de las plazas. Porque ni los unos esperan ganar la independencia en este envite ni los otros confían en erradicarla del mapa político catalán. Los asedios digitales o las querellas multitudinarias se centran en el grado de apariencia de normalidad que tenga lo que ocurra el próximo 1 de octubre. Los de Puigdemont han prometido que se votará "como siempre" mientras que los de Rajoy se han conjurado para que se vote "como nunca". Y ambos tienen sus límites. Lo que se haga el 1-O no servirá de nada si el mundo entiende que se ha hecho de cualquier manera mientras que la defensa del Estado de derecho puede convertirse en un bumerán si proporciona una imagen de apariencia represiva que saque a los independentistas de su actual aislamiento internacional. Al final, Puigdemont se puede quedar solo contra la ley y Rajoy solo con la ley.

El ruido de unos y otros silencia movimientos potencialmente disruptivos como la carta de Puigedemont y Colau dirigida al Rey y a Rajoy para pedir un referéndum pactado, el anhelo de más del 70% de la población catalana y de más del 30% de los españoles. Tozudos a la par que ilegales.