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De los 17 países que comparten el euro, solo 10 han ratificado en sus parlamentos los acuerdos de la Unión Europea del 21 de julio para ampliar los mecanismos de ayuda a los países en dificultades. Ayer los aprobó Finlandia y hoy está previsto que lo haga Alemania. Austria y Holanda podrían hacerlo en octubre, como los otros tres rezagados, que son países muy menores de la UE. Solo la relación de quienes han cumplido y quienes se han retrasado más es ya clarificadora de dónde están las resistencias que el plan suscita entre algunos de los países miembros. Se extiende y se alimenta la identificación de Grecia con los problemas del continente, cuando, aun siendo evidente que el país no alcanza los objetivos comunes, señalarle como culpable es, como mínimo, hipócrita. La deuda de Grecia es de 350.000 millones, pero los países de la UE han inyectado 4,9 billones en el rescate de su sistema financiero desde que estalló la crisis.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 29 de septiembre de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

Angela Merkel se enfrenta hoy en el Bundestag a esa confrontación entre dos formas de ver Europa, con el agravante de que la disyuntiva se da en la propia coalición que sostiene su Gobierno. Cabe la posibilidad de que la cancillera saque adelante la votación gracias a la oposición, lo que la dejaría en una situación muy delicada para agotar su mandato y para mantener el liderazgo europeo. Con el objetivo de reforzar su débil posición interna, en un gesto inaudito, Merkel reclamó la presencia el martes del primer ministro griego en una reunión con los grandes empresarios alemanes, ante los que Papandreu hizo un difícil y comprometido papel.

La UE tarda en tomar decisiones, y cuando lo hace son los partidos gobernantes los que anteponen intereses localistas -populistas casi siempre- que, de entrada, restan la eficacia de la inmediatez. Ayer mismo, el presidente de la Comisión, Durao Barroso, propuso la aplicación en Europa de una tasa sobre transacciones financieras para que la banca pague parte de la factura. Londres precisó enseguida que se opone, que en todo caso debe hacerse a escala global, no europea. Pero el motivo real de la negativa es que el Gobierno de Cameron tiene muy presente la importancia de la industria financiera en la City, la segunda plaza del mundo en este negocio.